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martes, 13 de marzo de 2012

Y NO SOLIDARIOS


En Europa las estimaciones sobre las pérdidas de ingresos como consecuencia del fraude fiscal se sitúan entre 200.000 y 250.000 millones de euros anuales. Según el profesor Vicenç Navarro y profesionales de la propia Agencia Tributaria, España contribuye con, aproximadamente, la mitad de dicha cantidad, unos 90.000 millones de euros. A pesar de que en el Estado español no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen informes y datos procedentes de estudios de expertos en temas fiscales que cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE. En nuestro país la mayoría de este fraude procede de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros y de la banca, usando como fuente esos mismos estudios. En España las deducciones fiscales favorecen sobre todo a las grandes rentas, que cuentan con un conjunto de ayudas legales que les enseñan cómo pagar menos o, sencillamente, como no contribuir con el pago de impuestos.
Otro dato curioso y que es un indicador del nivel de fraude fiscal en nuestro país es que el dinero en metálico en España supone el 10% del PIB, el doble que en la zona euro que se sitúa en el 5%, siendo el 6% en Estados Unidos. Hoy en día hay en el país 111 millones de billetes de 500 euros, lo que supone el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles habiéndose multiplicado esta cantidad por siete desde el año 2002.
España es uno de los países de la Unión Europea que tiene menos ingresos al Estado debido, en gran parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores y al elevado índice de fraude fiscal que se produce en estas rentas. Debemos, o mejor dicho, el gobierno debe articular un paquete de medidas conducentes a reducir y erradicar el fraude fiscal, marcándose como mínimo el objetivo de que este se sitúe en torno a la media europea con lo que se ingresarían unos 45.000 millones de euros anuales, sin tener que acudir a ningún otro tipo de recortes.
Definitivamente, en este tema, somos los menos solidarios. La contribución al Estado a través del pago de impuestos también es una muestra de solidaridad para con el resto de los ciudadanos. No se puede permitir que los beneficios del Estado del bienestar se mantengan en su mayor parte por los ciudadanos menos favorecidos económicamente, que representan el 95% de la recaudación del IRPF, mientras las grandes fortunas encabezan los índices de fraude fiscal en España.

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