Los políticos españoles y las ILP

Si preguntásemos en la calle que es una ILP, probablemente la gran mayoría de los encuestados desconocería que se trata de la principal herramienta que reconoce la Constitución a los ciudadanos de este país para pedir a las Cortes cambios en las leyes.  La iniciativa legislativa popular quizás sea tan desconocida para los españoles debido a que el Congreso ha hecho oídos sordos a las sesenta y seis que se han presentado, hasta el final de la IX legislatura, desde 1983, año en que se presentó la primera. Es decir, que todas las propuestas legislativas presentadas en el Congreso a través de este medio han sido rechazadas. La última de ellas se presentó en junio y era una proposición de ley sobre la eliminación de las prebendas de la clase política cesada. No llegó a debatirse en la Mesa del Congreso porque ni siquiera fue admitida a trámite, alegando que para esos temas sólo tienen potestad reglamentaria las propias cámaras. En fin, “yo me lo guiso, yo me lo como”.

Con la iniciativa de proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias que fue presentada en 1997 se produjo la única excepción ya que parte de la propuesta fue recogida en la reforma de ley de propiedad horizontal de 1999.

Pero no podemos esperar otra cosa de un país donde los impuestos se malgastan en ipads para parlamentarios olvidadizos, en pagar viajes en clase Business, en indemnizaciones por residencia en Madrid para congresistas con casa en la capital, en viajes innecesarios, como el caso de aquella comisión del Congreso que pidió permiso para que sesenta diputados viajasen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano, en comidas de “trabajo” para las que no existe un límite legal de gasto, en informes encargados a dedo por valor inferior a 12.000 euros por no estar sometidos a concurso público como el informe encargado por la Generalitat de Catalunya titulado  “Análisis del grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa” que costó 11.872 euros, en aeropuertos fantasmas y en autopistas de peaje sin automóviles, en pagar multas de vehículos oficiales, en salvar bancos que enriquecieron a sus accionistas con la burbuja inmobiliaria y que llevan cerca de un millón de desahucios, en fin, en tantas y tantas acciones injustificables que aun no entiendo como la mayoría este pueblo sigue creyendo en sus políticos y continúa acudiendo a las urnas cada cuatro años. Como tampoco es de extrañar que los beneficiarios de esa sangría desmedida de las arcas del Estado intenten proteger ese status.

Esta forma de actuar de nuestros políticos me recuerda a la famosa frase “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, con la que en historia se identifica al Despotismo Ilustrado. Pero quizás el caso que nuestros políticos hacen a los ciudadanos se identifica más con la frase originaria “Tout pour le peuple, rien par le peuple” y su traducción literal “todo para el pueblo, nada por el pueblo”.

Hay un sector de la población que, ante las conductas de nuestros políticos, mantiene que la solución es no ir a votar. De hecho, en las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre, sobre un total 34.952.313 de censados con derecho a voto, 9.710.775 (28,31%) decidieron no acudir a las urnas. Si a estos les sumamos  los 333.095 votos en blanco, el total de abstenciones arroja la suma de 10.043.870 electores que decidieron no otorgar su confianza a ninguna formación política, un muy considerable 28,73% de los electores frente al 30,98% con el que el Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en uno de sus mejores resultados de la historia.  Pero a ellos no les importa la abstención. Aunque hubiese una abstención del 80%, todo seguiría prácticamente igual y los escaños se ocuparían en su totalidad, por tanto si no votas, indirectamente estás avalando el sistema. Mientras la abstención, el voto nulo o el blanco no computen la triste realidad es esa, que el pueblo no tiene ningún poder y sólo es utilizado cada cuatro años para dar legitimidad a todo el entramado.

Creo que está bastante claro que lo que la casta política llama "democracia" no es más que una estafa a los ciudadanos que, lamentablemente, seguimos pensando que hay dos Españas y que los míos pueden robar siempre y cuando roben menos que los otros. Debemos tomar conciencia que está en nuestras manos cambiarlo y tener una verdadera democracia, como los países del primer mundo, y dejar atrás rencores añejos que solo sirven para que ellos nos enfrenten, se rían de nosotros y sigan adelante con todos sus beneficios y prebendas a costa de nuestro sudor, nuestra sangre, nuestras ilusiones y nuestras esperanzas.

Hay muchos que creemos que durante las campañas electorales nuestros políticos nos muestran el dedo pulgar y, una vez elegidos, el dedo corazón.

Tasas

El Gobierno intenta justificar la nueva ley de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en román paladino, la ley de tasas judiciales. Para ello el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que la nueva ley persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. Afirma también que el destino de la recaudación de estas tasas se vinculará a la financiación del sistema de justicia gratuita. Sin embargo, esta apenas representa un 6,5% del gasto en justicia.

Esta ley apunta directamente al corazón del Estado de Derecho. En primer lugar, la justicia no es un servicio público, es uno de los tres poderes del Estado al que, teóricamente, se debería acceder gratuitamente. En segundo lugar el derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, que garantiza un proceso penal con garantías, es un derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española de 1978. El hecho demostrado es que las tasas recién aprobadas por el Partido Popular frenan y obstruyen el acceso a la justicia para un numerosísimo grupo de ciudadanos, por no decir la gran mayoría, más aún en los tiempos que corren. Hasta ahora, en treinta y cuatro años de democracia, nunca un ciudadano español ha tenido que pagar por hacer uso de un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero la nueva regulación exige a los ciudadanos una capacidad económica que no todos tienen, pudiendo determinar la exclusión del acceso a la justicia por motivos meramente económicos. Claro que quizás ahora debamos preguntarnos si en una nueva reglamentación nuestro gobierno regulará derechos fundamentales para ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de su poder adquisitivo.

Desde que era sólo un proyecto y se conoció el texto de la ley, Asociaciones de Jueces, el Consejo General de la Abogacía Española, los diferentes Consejos Autonómicos, los 83 Colegios de Abogados de España han mostrado su rechazo a la nueva regulación. Concretamente, desde Jueces para la Democracia subrayan que la nueva ley crea “en cierto modo dos niveles de Justicia en función de los recursos: los que tengan y los que no”, mientras que Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía apuntaba que “No es admisible incorporar en nuestro Estado de derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en el otro el pago de una tasa”.

En España desde siempre ha estado latente en la calle y en la mente de muchos ciudadanos, aunque no fuese así, la idea de que había una justicia para ricos y otra para pobres, y esta ley representa sólo la manera de materializar esa percepción y dar la razón a los que pensaban de esa manera.

Para solucionar el otro motivo por el que, según nuestro ministro de justicia, se ha propugnado esta ley, la racionalización del ejercicio de la potestad jurisdiccional evitando los considerables retrasos existentes en la actualidad, el remedio no es el obstaculizar el acceso a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva a los menos pudientes. La solución pasa por dotar del personal necesario, en todos los niveles, a los juzgados españoles. En tiempos de crisis quizás sea una medida criticable, pero estoy seguro que sería muy popular si para dotar presupuestariamente esos puestos se eliminaran asesores inútiles e inservibles en todo el territorio español.

Este gobierno está consiguiendo que los que vivimos la transición y nos enorgullecíamos de nuestra Constitución, que aprobamos por referéndum, la veamos ahora como un bonito libro de ciencia ficción.

El negocio de la sanidad

En un Estado del Bienestar lo público es lo que nos nos hace más fuertes, porque debería controlarse a través de los políticos a los que cada cuatro años damos nuestro voto. Pero claro, el veinte de noviembre de 2011 España dejó de ser un Estado del Bienestar desde que el partido en el gobierno comenzó con los recortes sanitarios, laborales, educativos y sociales.

Los políticos del Partido Popular llevan años diciéndonos que la sanidad pública es una ruina, que es cara e ineficiente, todo esto para que no nos opongamos a su sustitución por un sistema sanitario basado en la privatización de los hospitales públicos que, según estos políticos, es más barato y profesional. Pero debemos preguntarnos si estos argumentos son ciertos y para dar respuesta a esta pregunta acudimos a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y, que sorpresa, comprobamos al comparar el dinero que la propia Consejería de Sanidad de Madrid destina a los hospitales de titularidad pública y privada concertada que en 2010 para un hospital de gestión pública se destinaban 277.375 euros por camas mientras que, para el mismo concepto, en un hospital de gestión concertada la cantidad ascendía a 434.686 euros, una diferencia de un 64%. Para el año 2011 las cantidades eran 307.187 y 485.970 euros respectivamente, es decir una diferencia del 63%.

Evidentemente nos engañan y aunque los hospitales públicos no sean rentables olvidan que su función es prestar un servicio a la sociedad y no generar beneficios económicos. Olvidan también que ellos son las personas que hemos elegido como gestores. Nunca los legitimamos para vender al mejor postor algo que es de todos los españoles y menos a empresas como Capio, que llega de la mano de altos cargos del Partido Popular, tanto que he leído que entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destacan el de Rodrigo Rato, Ignacio López del Hierro, esposo de la presidenta castellanomanchega y gran aficionado a los consejos de administración, o que el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad.

El sistema escogido, pagar a una empresa una cantidad por habitante y año para atender a la población asignada a los hospitales, suma en la mayoría de los casos más dinero que el que las distintas Consejerías de Sanidad destinan al servicio médico de esos hospitales a través de los presupuestos. Es decir,  las concesiones privadas cobrarán una cantidad fija por persona que resida en su área al año. Esta cantidad es independiente de la asistencia médica que finalmente llegue a necesitar cada persona, la van a cobrar igual den un buen o un mal servicio y, sobre todo, abre múltiples posibilidades a ahorrar escatimando tanto en pruebas diagnósticas como en tratamientos.

Recordemos que Telefónica, ENDESA o REPSOL, fueron empresas públicas una vez, y que para privatizarlas se utilizó la misma estrategia que están usando ahora, decir que eran ineficaces y que costaban mucho dinero al Estado. La táctica ahora es la misma que se utilizó entonces. Y el fin también está claro. Se trata de crear una sociedad donde no haya clase media y donde los ricos paguen únicamente los impuestos imprescindibles para sus intereses. De paso, se elimina y se moldea a su voluntad el otro pilar de la justicia social, la educación, y sí todavía queda alguien con ganas de polemizar, se ponen trabas en el acceso a la justicia volviendo a hacer que esta sea sólo para los pudientes. Y, como es de recibo en las sociedades neoliberales, negocio redondo para unos cuantos que se quedan con lo que era de todos.

En estos casos es cuando necesitaríamos tener una oposición fuerte que se atreva a decir que cuando cambie el gobierno de este país nacionalizará esos hospitales regalados a los amigos o en el mejor de los casos, vendidos al mejor postor. Es decir, restablecerá las propiedades  a sus legítimos dueños, los que llevan toda la vida pagando por ellas, los ciudadanos. Quizás esa postura represente el único freno a las empresas y políticos que quieren especular con nuestros derechos. Pero claro, esperar eso de un partido político quizás sea pintar una raya en el agua. Nos encontramos abandonados a nuestra suerte.

Confiemos en jueces y fiscales

Acabo de leer que el Partido Popular ha cerrado filas con el respaldo del grupo parlamentario catalán de CiU y el beneplácito del PSOE para evitar un nuevo escarnio a Rodrigo Rato como presidente que todavía es de Caja Madrid. Para ello el gobierno ha introducido una enmienda durante la tramitación de la ley de restructuración bancaria por la que los presidentes y miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro intervenidas y que han perdido el control de sus bancos no tendrán que dar explicaciones ante las asambleas de sus respectivas entidades. 

El partido en el poder ha decidido reducir a cinco meses el periodo de transición que va a experimentar el mercado financiero español. Así, la entrada en vigor de dicha normativa se produce una vez que Caja Madrid ha superado los plazos exigidos para convertirse en fundación de carácter especial. De modo que con estas nuevas condiciones, la transformación de la naturaleza jurídica se efectuará por decisión unilateral del Ministerio de Economía y será el Banco de España el encargado de dar de baja de manera automática a la entidad que actualmente preside Rodrigo Rato. De acuerdo con el calendario previsto, el Banco de España emitirá su informe de disolución el próximo día 27 revocando a todos los órganos de gobierno de la entidad.

Creo que lo que voy a decir ahora debo encabezarlo con “presuntamente”. Pues bien, presuntamente, el señor Rato se prestó a un engaño público con la salida a bolsa de Bankia, ocultó pérdidas, manipuló resultados, cobró sueldos y bonus indecentes y, como premio, saldrá con una pensión insultante y obscena para los tiempos que corren. Y ahora nos enteramos de un pacto entre caballeros para no hacerlo pasar por otro escarnio.

Este señor, y otros antes que él, deberían ir directamente a la cárcel. Así como cualquiera que intente ocultar información y datos sobre toda su gestión en Bankia, obstaculizando así la labor de la justicia. Pero estamos en España y aquí parece haber patente de corso para los políticos, así los "caballeros" de PP, PSOE y CIU pactan al estilo siciliano. Todos tienen algo que ocultar, el otro día leía que veintisiete consejeros de Bankia, nombrados por PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT sin cualificación se pusieron sueldos millonarios. Viendo esto no me extraña que se lleguen a alianzas piratas y pactos de no agresión. Ni tampoco me extraña que la guerra que mantienen CIU y PP en Cataluña quede aparcada para tapar las vergüenzas de Rato. ¡Hoy por tí, mañana por mí!, pensarán los dirigentes de CIU con los últimos artículos salidos en prensa.

Y es que parece que hay una misión común a cumplir por todos los partidos políticos del espectro español y no es otra que tapar las vergüenzas de las Cajas, esas otrora entidades de servicio público que la “democracia” ha logrado hacer desaparecer por obra y arte de los políticos y su vehemente ansia de dinero y poder. Las utilizaron en su propio beneficio y, por ende, en contra de sus beneficiarios. Las corrompieron hasta llevarlas a la ruina mientras se repartían salarios indecentes. Es un robo a los clientes de las Cajas, pero también es un robo a los españoles que deben sanear con sus impuestos las entidades esquilmadas por los políticos y con la connivencia de sindicatos, al menos de los mayoritarios.

Creo que España necesita a sus jueces y fiscales, para no acabar totalmente corrompida y sin posibilidad de recuperación. Que estos hagan justicia con los consejeros de Bankia, que procesen a los culpables y que se le de la mayor publicidad posible porque el que un país democrático procese y condene a los responsables de un delito, aunque estos sean políticos de renombre, debe ser motivo de orgullo de sus ciudadanos. Y muchos de ellos, entre los que se encuentran desahuciados por esa misma entidad, propietarios de preferentes engañados, accionistas de Bankia y, sobre todo, españoles de bien necesitan poder, al menos, confiar en su sistema judicial.

Un decreto favorable a la banca

Amaia Egaña y Miguel Ángel Domingo, decidieron poner fin a sus vidas para no tener que ver como un banco usurero los iba a expulsar de sus viviendas, se iba a quedar con ellas y, probablemente, con los sueños y los esfuerzos de toda una vida.

Fueron las primeras víctimas mortales conocidas de la corriente de desahucios que recorre España desde el inicio de la crisis. Tras 450.000 desahucios y los suicidios de Miguel Ángel y Amaia, PP y PSOE se han visto obligados a sentarse a negociar para poner fin a esta sangría. Que nadie se llame a engaño, no lo hacen voluntariamente, la presión social les exige la negociación y taponar esa herida por la que se desangra parte de nuestra sociedad. Ambos PSOE y PP se han dedicado durante años a votar contrariamente a cualquier iniciativa para modificar una abusiva ley hipotecaria y, claro, ahora son incapaces de llegar a un acuerdo, porque no buscan el bien de los afectados, sólo son capaces de intentar frenar algo los desahucios sin incordiar mucho a los bancos, que a fin de cuentas son la mano que les de  comer. La primera consecuencia de las desavenencias en la negociación nos viene en forma de decreto del gobierno de medidas urgentes para frenar el alzamiento de viviendas durante los próximos dos años.

No nos engañemos, el decreto sólo establece una moratoria de dos años y es tan restrictivo como el Código de Buenas Prácticas de la banca. Tanto que ni Amaia ni Miguel Ángel se hubieran librado del desahucio. Y es que el gobierno ha cedido a la presión de la banca y se  excluye a la mayoría de afectados. Esto se debe a que la medida de urgencia aprobada exige, para beneficiarse de ella, cumplir dos requisitos: uno económico y otro social. El primero consiste en tener unos ingresos anuales inferiores a los 19.200 euros, en los que la cuota hipotecaria suponga más del 50% o se haya multiplicado al menos por un 1,5% en los últimos cuatro años.  Hasta aquí muy bien, ya que estas condiciones abarcan a un importante grupo de la población. Pero el truco reside en que el Gobierno incluye a toda la unidad familiar a la hora de calcular los ingresos, con lo cual, aunque alguien cumpla este criterio, puede perderlo por los ingresos de cualquiera de los miembros de dicha unidad familiar. Pero además hay que cumplir una serie de requisitos sociales como tratarse de familias numerosas, o con algún menor de tres años a su cargo, familias monoparentales con dos hijos a su cargo o con alguna persona en situación de incapacidad para trabajar o discapacidad superior al 33%, personas en paro o que hayan agotado sus prestaciones de desempleo o víctimas de la violencia de género.

Pero ¿alguien esperaba algo más de PP o PSOE? el PP ya sabemos que sólo piensa en sus bancos, y el PSOE, tras el descalabro electoral, está enfermo de protagonismo y necesita medidas que le acerquen al electorado.

Mientras ellos siguen alejados de la realidad y de espaldas a la ciudadanía ya se han producido cerca de un millón de desahucios desde que comenzó la crisis pero no hemos visto liquidar ningún banco, para salvar a éstos se toman las medidas que hagan falta. Resulta cuando menos chocante que Bankia, salvada a costa del bolsillo de todos los españoles, lidere el número de desahucios de la Comunidad de Madrid en 2012.