Mariano y el twitter

Buceando por internet acabo de leer varios mensajes que Mariano Rajoy ha subido a twitter y, la verdad, no tienen desperdicio. El primero que me llamó la atención decía así: “Estamos haciendo lo que era obligado; en caso contrario, estaríamos mucho peor.”. Un ejemplo de la obligación de la que habla es el siguiente.  El FROB suscribe una ampliación de capital de 4.500 millones en Banco de Valencia para después transmitir su "participación integra" en la entidad valenciana a Caixabank por un euro. Seguidamente Caixabank reduce el valor nominal de las acciones a 0.01 euros. De esta manera el dinero suscrito por el FROB se utiliza para nivelar su cuenta de resultados, nunca para incentivar el crédito. Es decir, dinero público para pagar desmanes privados.

Empiezo a enfadarme y a despotricar contra el gobierno y leo en twitter el siguiente mensaje de Mariano Rajoy: “No debemos distraer la atención de todo lo que no sea la recuperación económica y la creación de empleo.” Pero sólo terminar de leerlo me cruzo con una noticia que decía que los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, Bartolomé González y María Isabel Redondo han sido fotografiados en plena partida de Apalabrados durante la votación de la Ley de Acompañamiento que ha abierto las puertas a la privatización de la gestión de la Sanidad madrileña. El problema es que la noticia también la he visto en un documento de uno de esos países que llamamos tercermundistas y se me cae la cara de vergüenza. Esta es la marca España de la que tanto habla y que difunde el Partido Popular.

Sigo enfadándome y empiezo a soltar exabruptos y paso al siguiente mensaje de Rajoy en twitter que dice así: “Sanidad: este Gobierno garantiza que va a seguir siendo universal, gratuita y de calidad”. Esto lo publica en su cuenta el Presidente del Gobierno de España después de que la Comunidad de Madrid haya aprobado la ley de acompañamiento que abre la puerta a la privatización de seis hospitales y veintisiete centros de salud. Este sólo es un primer paso que después seguirán otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero partimos de una primera premisa y es que no es verdad que la crisis obliga a ahorrar en sanidad, y para eso la solución es ponerla en manos privadas. Una cosa es gestionar mejor los recursos públicos y otra poner esos recursos en manos privadas para que hagan negocio. Pero estas empresas privadas vienen de la mano de familiares o allegados de dirigentes del Partido Popular, desde donde se intenta convencer a los ciudadanos que las empresas privadas gestionan mejor que las públicas, lo que es lisa y llanamente una falsedad.

Ellos se amparan en que, al final, siempre nos conformamos. Saben que nos pasa como a la gaseosa, que una vez abierto el tapón se le va la fuerza. Están acostumbrados a que intentemos solucionar las cosas a base de caceroladas y pancartas graciosas, por lo que van a seguir timándonos, mintiéndonos, quitándonos nuestro dinero para dárselo a los bancos. En fin, gobernándonos. Pero debemos reaccionar y organizarnos. Hay que despertar a los que siguen dormitando porque es posible que no puedan salir de la pesadilla que están viviendo. Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos ya hemos perdido.

Un año que parece una vida

El día veinte se cumplirá un año del nombramiento de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. Y pienso que ese es el fin del mundo que, según algunos, anunciaron los mayas, al menos el fin de la sociedad tal y como la conocíamos antes de la llegada al poder del Partido Popular porque esto es mucho más que una crisis. Es un cambio en nuestra forma de vivir.

Se nos ha hecho tan largo este año que a veces me pregunto si los españoles sobreviviremos a tres años más de gobierno del Partido Popular. Este corto período de tiempo se nos ha hecho interminable, casi infinito. Probablemente nos ha parecido tan lento y prolongado porque no podíamos imaginar que en un año se pudiera despedazar de ese modo el Estado del Bienestar. Ese año en el que han gobernado de forma autoritaria a base de Decretos-Ley. Decretos que no han obtenido el resultado apetecido, ya que si nos fijamos detenidamente en los grandes parámetros por los que se calibra la salud de un país, en el breve período de un año, todos han ido a peor. Veamos, el IPC era en noviembre de 2011 el 1,8 %, un año después es el 2,8%; el índice del PIB era en el tercer trimestre del año pasado un 0,6%, siendo este año un -1,6%; el paro en el mismo trimestre de 2011 se situaba en 5.273.600 parados, alcanzando en el mismo período de este año las 5.778.100 personas desempleadas; los ingresos provenientes de tributos entre enero y octubre de 2011 alcanzaron 143.014 millones de euros, en el mismo espacio de tiempo en 2012 se han recaudado 142.770 millones de euros; en diciembre del pasado año la prima de riesgo estaba en 330 puntos básicos, situándose en diciembre de este año en 408 puntos básicos; y, un dato más que significativo, la Deuda del Estado en circulación era en octubre de 2011 de 568.488 millones de euros, siendo en octubre de 2012 de 622.375 millones de euros. Todo un record de Mariano Rajoy. Ni uno solo de los grandes parámetros ha mejorado o detenido su caída. Pero el problema no es que vayamos a peor, el verdadero problema es que para llegar a estos resultados se ha acabado con todos los logros sociales obtenidos en los últimos cuarenta años.

Hay quien dice que Rajoy es un presidente que se ha olvidado de sus ciudadanos, pero yo mantengo que no es así. No se ha olvidado de nosotros. En realidad nunca hemos contado para él y sus secuaces. Este es el motivo por el que el presidente de todos los españoles no habla a los ciudadanos ni responde a los periodistas. No quiere perder el tiempo con la plebe. Las explicaciones suele darlas fuera de España. Como también es la causa de que no haga caso a los nefastos resultados de su modo de gobernar. 

Pero no podíamos esperar otra cosa si analizamos como llegaron al gobierno de este país. Mintieron en su campaña para absorber en las urnas el desencanto de los habitantes del estado. Ninguna de las promesas que hicieron en campaña electoral formaba parte de su programa real. Ellos buscaban y necesitaban una amplia mayoría para cambiar nuestras vidas y llevarlas de regreso al formato dictatorial anterior a esta falsa democracia. Sólo hay que ver lo que han hecho en apenas un año, lo que están haciendo y lo que quieren hacer.

Nos están imponiendo sus idearios, están consiguiendo lo que se proponían, un cambio en nuestra forma de vivir. Pero yo no me acostumbro, ni quiero aprender a vivir de nuevo. Eso significaría rendirse y eso sí que no debemos permitirlo. La sociedad debe movilizarse para ponerles freno. Debemos colapsar pacíficamente el país porque si no reaccionamos no sólo será un cambio en nuestra forma de vivir, lo será también en la de nuestros hijos y nuestros nietos.

Quizás dentro de unos años los libros de historia comiencen a hablar de este período diciendo que hubo un día en 2011 que millones de españoles, desencantados con el gobierno socialista, acudieron a las urnas y, con su voto, dieron el poder al Partido Popular. Unos enfadados con el PSOE, otros engañados por las promesas recogidas en el programa electoral del PP, como las de que se acabaría el brutal aumento del desempleo, la no subida de impuestos y la dinamización de la economía, algunos simplemente por votar y otros, desencantados con el sistema, que ni siquiera ejercieron su derecho al voto. Ojalá esos mismos libros de historia continúen diciendo que todo estalló y los españoles volvieron a empezar a construir su sociedad y volvieron a modelarla para conseguir la forma de vivir que deseaban.

Pero lo anterior es sólo un deseo, ahora mismo únicamente puedo decir que Dios reparta suerte, porque pobreza ya la reparte el PP.

Transporte sanitario

Ana Mato, ministra de sanidad, vive. Llevaba meses desaparecida y nadie había oído hablar de ella pero, desgraciadamente, ha vuelto a dar señales de vida para amargar la misma a los más necesitados, los enfermos. Y es que el ministerio de sanidad va a imponer el pago por los traslados en ambulancia para tratamientos no urgentes. A partir de ahora todos los pacientes, pensionistas incluidos, tendrán que pagar cada vez que sean trasladados en ambulancia para recibir tratamientos no urgentes.  Tienen esta consideración de tratamientos no urgentes los enfermos crónicos, oncológicos y los pacientes de hemodiálisis. También habrá que pagar el traslado del Hospital a casa después de recibir el alta clínica o en urgencias, aunque el médico considere necesaria la ambulancia.

Considero que esta medida constituye una nueva aberración en la ya larga lista de las cometidas por nuestro gobierno, pero esta vez dirigida a un sector de la población, quizás más indefenso por circunstancias sobrevenidas y no deseadas, ese tramo de ciudadanos que lleva toda su vida pagando Seguridad Social. Esa gente que ahora necesita transporte para acudir a quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, hemodiálisis y multitud de tratamientos que se administran, en ocasiones, a muchos kilómetros del domicilio del enfermo y cuyos traslados no son urgentes. Esa gente que durante toda su vida ha sido solidaria y ha pagado sus impuestos para mantener las prestaciones sociales que ofrecía el Estado del Bienestar, ese que el PP está demoliendo desde sus cimientos, entendiéndose por estos, justicia, sanidad y educación. Esa gente que lleva el corazón en un puño cuando va camino del centro médico, donde se les debe administrar el tratamiento, porque no saben en qué condiciones van a salir de allí y que a la vuelta a sus casas van prácticamente desechos. Esa gente a los que los señores del PP les añaden también la preocupación de tener que volver a abonar el medio de transporte que ya han pagado a lo largo de su vida. Esa gente que ve como sus impuestos se utilizan para salvar de la quiebra las Cajas de Ahorro gestionadas por los políticos mientras se suprimen prestaciones sociales que debieran ser el primer destino de esos tributos.

Pero según nuestro gobierno no hay dinero para nada y sólo hace tres días aprobaron un reglamento por el que los diputados que viajen al extranjero lo harán siempre en clase preferente, es decir, para ellos si hay dinero. Nuestros congresistas siguen teniendo una tarjeta para desplazamientos en taxis de 3000 euros, y esos trayectos tampoco tienen la consideración de urgentes pero, ya sabemos, donde hay clases no se puede pretender que todos seamos iguales.

Esta crisis nos ha situado ante una situación excepcional que necesita que nuestros dirigentes tomen medidas excepcionales, pero estas medidas deben tomarse de arriba hacia abajo, nunca al contrario. Pero en este país, al que muchos en internet ya conocen como Españistán, se legisla maltratando a las clases más desfavorecidas, haciéndolas más pobres y llevándolas, en muchas ocasiones, a la miseria. Quizás ante esta medida habría que preguntar a nuestros gobernantes qué es para ellos una urgencia. ¿Un dolor, un desmayo, una mutilación? ¿O quizás debería ser gratuita sólo cuando hay pérdida de la propia vida? ¿O cuánto cobrarán por retirar los cadáveres que aparezcan en las viviendas de enfermos no pudientes?

Nuestro gobierno parece ignorar que, en situaciones como la que estamos viviendo, la historia nos ha demostrado que el poder del pueblo acaba por imponerse, que cuando se exprime y se desprecia a la población de la manera que ellos lo están haciendo termina por generarse una convulsión social que acaba generalmente por poner a los gobernantes en su sitio, algunas veces de forma no cruenta. Yo ya llevo meses preguntándome dónde se encuentran escondidos los cinco millones de parados, los nueve millones de pensionistas, los doce de mileuristas o los dos de funcionarios; o cuánto están esperando para salir de sus casas. Porque todos juntos en la calle, aun pacíficamente, constituimos una fuerza al que ningún gobierno se puede oponer y al que ningún grupo de políticuchos puede parar.

Sólo queda decir que para las próximas elecciones los expertos sanitarios advierten que votar al PP perjudica seriamente a la salud.

¿Había algo que celebrar?

Ayer se celebró en España el día de la Constitución. Ayer se cumplieron treinta y cuatro años del día en que los españoles, que venían de un régimen dictatorial de cuarenta años, ratificaron en referéndum el texto de la Constitución que habría de convertirse en la base del nuevo régimen democrático que desde entonces se iba a aplicar en España. Se trataba de salir de un estado de derechas para entrar en uno de derechos. Treinta y cuatro años después nos damos cuenta que aquí los únicos que tienen todos los derechos son los bancos, los políticos y la clase pudiente.

Creo sinceramente que la Constitución constituyó la herramienta básica para la transición hacia un sistema democrático. El problema es que dicha transición se llevó a cabo bajo la atenta mirada y la velada amenaza del estamento militar. Era una Constitución para salir del paso, para los años setenta, para pasar a una democracia corriendo un tupido velo sobre los cuarenta años anteriores, es decir, sin víctimas ni culpables. De hecho nos imponía como Jefe del Estado al sucesor designado por el dictador. Un “heredero” que en 1969 y 1975 juró guardar y hacer guardar los principios del “glorioso movimiento nacional”. Era una Constitución que proclamaba que el estado era aconfesional pero que en su artículo 16 reconocía el papel privilegiado de la iglesia católica frente a otras confesiones.

Ahora, después de treinta y cuatro años, hay muchos españoles que pensamos que todo fue un espejismo. Que arriba siguen los mismos. Que los poderosos siguen siendo los de antes. Que los banqueros carroñeros siguen prevaleciendo sobre las personas. Que la iglesia católica sigue teniendo los mismos privilegios de los que gozaba con el dictador. Y a todos estos hay que sumar una nueva clase social, los políticos, que se alinean junto a banqueros y poderosos. Esa nueva clase que usa el texto constitucional a su antojo o que, al menos, busca la manera de sortearlo para llegar a sus objetivos.

Creo firmemente que es necesaria una reforma a fondo de la Constitución que, primero, incluya en los derechos fundamentales de todos los españoles el régimen público de Seguridad Social y el derecho a una vivienda digna. Es decir que se incluyan en la parte del texto en la que los artículos son de directa aplicación. 

Según el texto constitucional España es un estado democrático y social de derecho. Pues bien, el actual gobierno del Partido Popular, quizás por ideologías trasnochadas o quizás para dar respuesta a intereses monetarios que son los que priman para los políticos españoles, se está encargando de demoler las bases de ese estado social de derecho, como son los derechos sanitarios, laborales, educativos, etc., sin que los ciudadanos podamos acudir a la Constitución para parar esta sangría.

Sigo pensando que la Constitución se nos ha vuelto, con el paso de los años, la hija bastarda del franquismo ya que, en base a ella,  el Gobierno actual está legislando de manera que utiliza el desarrollo legislativo que la Constitución prevé en muchos casos para ir fulminando los Derechos y Libertades que debieran ser su base, acabando de manera encubierta con el Estado de Bienestar, el Estado Social y el Estado Democrático.

Tras treinta y cuatro años de constitución y viendo como la utilizan los políticos empieza a tomar sentido en mi mente la frase que, según algunos, dijo el dictador en su lecho de muerte “Lo dejo todo atado y bien atado”

Los políticos españoles y las ILP

Si preguntásemos en la calle que es una ILP, probablemente la gran mayoría de los encuestados desconocería que se trata de la principal herramienta que reconoce la Constitución a los ciudadanos de este país para pedir a las Cortes cambios en las leyes.  La iniciativa legislativa popular quizás sea tan desconocida para los españoles debido a que el Congreso ha hecho oídos sordos a las sesenta y seis que se han presentado, hasta el final de la IX legislatura, desde 1983, año en que se presentó la primera. Es decir, que todas las propuestas legislativas presentadas en el Congreso a través de este medio han sido rechazadas. La última de ellas se presentó en junio y era una proposición de ley sobre la eliminación de las prebendas de la clase política cesada. No llegó a debatirse en la Mesa del Congreso porque ni siquiera fue admitida a trámite, alegando que para esos temas sólo tienen potestad reglamentaria las propias cámaras. En fin, “yo me lo guiso, yo me lo como”.

Con la iniciativa de proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias que fue presentada en 1997 se produjo la única excepción ya que parte de la propuesta fue recogida en la reforma de ley de propiedad horizontal de 1999.

Pero no podemos esperar otra cosa de un país donde los impuestos se malgastan en ipads para parlamentarios olvidadizos, en pagar viajes en clase Business, en indemnizaciones por residencia en Madrid para congresistas con casa en la capital, en viajes innecesarios, como el caso de aquella comisión del Congreso que pidió permiso para que sesenta diputados viajasen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano, en comidas de “trabajo” para las que no existe un límite legal de gasto, en informes encargados a dedo por valor inferior a 12.000 euros por no estar sometidos a concurso público como el informe encargado por la Generalitat de Catalunya titulado  “Análisis del grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa” que costó 11.872 euros, en aeropuertos fantasmas y en autopistas de peaje sin automóviles, en pagar multas de vehículos oficiales, en salvar bancos que enriquecieron a sus accionistas con la burbuja inmobiliaria y que llevan cerca de un millón de desahucios, en fin, en tantas y tantas acciones injustificables que aun no entiendo como la mayoría este pueblo sigue creyendo en sus políticos y continúa acudiendo a las urnas cada cuatro años. Como tampoco es de extrañar que los beneficiarios de esa sangría desmedida de las arcas del Estado intenten proteger ese status.

Esta forma de actuar de nuestros políticos me recuerda a la famosa frase “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, con la que en historia se identifica al Despotismo Ilustrado. Pero quizás el caso que nuestros políticos hacen a los ciudadanos se identifica más con la frase originaria “Tout pour le peuple, rien par le peuple” y su traducción literal “todo para el pueblo, nada por el pueblo”.

Hay un sector de la población que, ante las conductas de nuestros políticos, mantiene que la solución es no ir a votar. De hecho, en las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre, sobre un total 34.952.313 de censados con derecho a voto, 9.710.775 (28,31%) decidieron no acudir a las urnas. Si a estos les sumamos  los 333.095 votos en blanco, el total de abstenciones arroja la suma de 10.043.870 electores que decidieron no otorgar su confianza a ninguna formación política, un muy considerable 28,73% de los electores frente al 30,98% con el que el Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en uno de sus mejores resultados de la historia.  Pero a ellos no les importa la abstención. Aunque hubiese una abstención del 80%, todo seguiría prácticamente igual y los escaños se ocuparían en su totalidad, por tanto si no votas, indirectamente estás avalando el sistema. Mientras la abstención, el voto nulo o el blanco no computen la triste realidad es esa, que el pueblo no tiene ningún poder y sólo es utilizado cada cuatro años para dar legitimidad a todo el entramado.

Creo que está bastante claro que lo que la casta política llama "democracia" no es más que una estafa a los ciudadanos que, lamentablemente, seguimos pensando que hay dos Españas y que los míos pueden robar siempre y cuando roben menos que los otros. Debemos tomar conciencia que está en nuestras manos cambiarlo y tener una verdadera democracia, como los países del primer mundo, y dejar atrás rencores añejos que solo sirven para que ellos nos enfrenten, se rían de nosotros y sigan adelante con todos sus beneficios y prebendas a costa de nuestro sudor, nuestra sangre, nuestras ilusiones y nuestras esperanzas.

Hay muchos que creemos que durante las campañas electorales nuestros políticos nos muestran el dedo pulgar y, una vez elegidos, el dedo corazón.