Despido en directo

"La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución". Si alguien nos preguntara quién es el autor o autora de esta frase podríamos responder perfectamente que, por su sentido de lo absurdo, ha sido enunciada por Tip o Groucho Marx. Aunque no creo que, intelectualmente, María Dolores de Cospedal, la madre de dicho esperpento en derecho laboral, les llegue al tobillo a cualquiera de los dos humoristas.

La señal de la retransmisión del despido no ha debido llegarle muy clara a la secretaria general del Partido Popular, sobretodo porque los hechos parecen demostrar que Bárcenas ha estado dado de alta como trabajador de esa formación política hasta el treinta y uno de enero de este año. Si eso es así María Dolores de Cospedal mintió a los españoles cuando realizó esas declaraciones. También podría ser que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha se creyese, en el momento de esas declaraciones, protagonista de “Regreso al Futuro” y se estuviese refiriendo a un despido que aun no se había producido.

Pero dejémonos de mentiras y fantasías y pasemos a la vida en directo. El lunes día veinticinco Luis Bárcenas presentó una demanda por despido improcedente contra el Partido Popular. Según lo publicado en el diario “El País”, el extesorero estuvo en alta en seguridad social hasta el día 31 de enero y, siempre según la prensa, el PP tramitó su baja como trabajador del partido sin comunicárselo a Bárcenas. Si realmente el Partido Popular no le informó del despido ni de los motivos, el contable se encontraría en situación de indefensión por lo que nos encontraríamos ante un despido es nulo. Y las consecuencias de esto es que la readmisión como trabajador del Partido Popular sería obligatoria.

En el caso de que sí se lo hubiesen comunicado y el despido fuese declarado improcedente el PP tendría la opción de readmitirle o de pagarle la indemnización correspondiente. Esta se acercaría mucho a los 900.000 euros. A mí me daría exactamente igual el coste total de la indemnización si esta saliera de las cuotas de sus afiliados pero eso no es así ya que el 95% de la financiación del Partido Popular proviene de los presupuestos del Estado.

Si nos fijamos en las fechas que se barajan, estas confirman totalmente que estuvo en alta como trabajador del partido hasta el 31 de enero. Según del derecho laboral el trabajador despedido dispone de 20 días hábiles a contar desde la fecha efectiva del despido para la presentación de la demanda. Y Bárcenas ha utilizado una artimaña muy usada por los abogados laboralistas que es agotar los plazos hasta el último día por si se diese la readmisión ganar, dependiendo de lo que se alargase el proceso, más de un mes en salarios de tramitación.

Y volviendo a la vida en directo, como diría María Dolores de Cospedal, creo que si se demuestra que Bárcenas tenía una relación laboral como asesor con el PP con el indecente salario  de 21.300 euros brutos mensuales, la secretaria general del partido mintió como lo vienen haciendo todos los dirigentes que han salido a intentar desmentir la relación del extesorero con el Partido Popular.

Los españoles necesitamos que nuestros gobernantes nos digan la verdad. Y si no pueden o no quieren hacerlo deberían dejar paso a políticos honestos.

 

Quizás, con su nueva afición a las retransmisiones en diferido, María Dolores de Cospedal, en su próxima comparecencia ante la prensa para explicar el tipo de relación contractual de Bárcenas con su partido diga: “la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato… y  la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte”

Imputados, encausados o investigados

Acabo de leer que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, prepara una modificación legal para sustituir el término imputado por el de encausado o investigado. Se pretende con esto ganar tiempo para los políticos envueltos en problemas judiciales ya que se alargarían las pesquisas. De esa forma la imputación formal se produciría cuando el juez instructor, dependiendo de los avances de la investigación, lo considerase oportuno y decretase la apertura de juicio oral.

Los procesos penales constan de varias fases y el proceso de instrucción, en el que se da la figura del imputado, sirve para investigar si el hecho denunciado es punible o si el investigado tiene alguna relación con dichos hechos. Durante esta fase no hay acusados porque se desconoce si existe delito alguno. El declarar como imputado ofrece una gran protección a la persona investigada por un juez, ya que en vez de declarar como testigo, en cuyo caso está obligado a decir la verdad, y sin asistencia jurídica, desde el principio el imputado acude al juzgado con protección y asistencia, gratuita si se da el caso.

Pero el verdadero problema de España es otro. Con la crisis cercenando el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos, leo que Conde Pumpido ha declarado que hay en la actualidad 730 políticos y cargos públicos que tienen procedimientos abiertos o están siendo investigados por casos de corrupción. Y a la vista de la opinión pública un político debe ser y parecer, ante todo, honrado. Pero en nuestro país hay tal número de imputados por casos de corrupción que tanto la opinión pública como ellos ven la imputación como una lacra.

Para colmo, vemos que ante las últimas acusaciones publicadas en prensa de una presunta financiación ilegal del partido en el poder, esta formación política habla de transparencia pero no da explicaciones, no nombran al presunto autor de la contabilidad B, como si del villano de Harry Potter se tratara, se vanaglorian de enseñar la declaración de la renta de su líder, que dicho sea de paso constituye una afrenta para los casi seis millones de parados existentes en nuestro país, y ahora pretenden cambiar el nombre de imputado por el de encausado o investigado, que no supone gran cosa a efectos legales pero no da tan mala imagen en los telediarios ni en los titulares de la prensa.

Lo que pretenden con la reforma es mantener las garantías que nuestro ordenamiento jurídico ofrece a los imputados pero con el lavado de imagen que significaría el uso de los términos “investigado” o “encausado”. No se quieren enterar que a nosotros, los ciudadanos, nos importa un bledo la denominación que se utilice para nombrarlos. Como tampoco confundimos la imputación con la culpabilidad. Lo que si deseamos los habitantes de este país, se les nombre como se les nombre, es ver que alguno pasa del status de “imputado”, “investigado” o “encausado” al de “condenado”.

Lo que si parece que le gusta hacer a nuestro gobierno es cambiar el nombre de todo lo que no es de su agrado o le perjudica. Así, María Dolores de Cospedal se inventó ayer los “despidos diferidos”, y no se refería a su retransmisión. También nos dijeron que la nefasta reforma laboral consistía en una “reestructuración dinámica del mercado laboral”, o que la subida del IRPF era, según Montoro,  un “recargo temporal de solidaridad”.

 

Ojalá los miembros de nuestro gobierno sólo se dedicasen a legislar para cambiar la denominación a todo lo que no les gusta. Así el término soborno podría llamarse a partir de ahora “Incentivo de iniciativa privada para cargo electo”.

Conclusiones sobre el debate

Ayer, aunque no esperaba nada positivo, estuve pendiente de lo que decían nuestros políticos en sus actuaciones en el debate sobre el estado de la nación, porque son eso, actuaciones. Tras la farsa de las comparecencias de nuestros representantes, por desgracia electos, no pude extraer nada provechoso.

Rajoy se presentó como el mesías anunciado por los antiguos profetas, tanto que sin su presencia y su gobierno en el último año los españoles nos habríamos despeñado en el abismo. También anuncia que gracias a los sacrificios emprendidos se comenzarán a recoger los frutos de su política de recortes. Es decir, crecerá la economía, bajará el paro e incluso él podrá cumplir su programa electoral, siempre que pueda recordar donde lo tiró. Y pide a los ciudadanos un acto de fe basado en sus logros. ¿Qué logros? La deuda española ha crecido en 2012 en 146.000 millones de euros, lo que nos da la nada desdeñable cifra de 400 millones de euros al día, que supone el 84% del PIB. Esa es una realidad terrorífica pero aunque su partido ha estado gobernando en este último año, ese aumento desmesurado del endeudamiento es culpa del gobierno anterior y no de una mala gestión del suyo.

A mí me dio la sensación de que Mariano Rajoy hablaba de otro país distinto al real, el de la calle. Aun no entiendo como en su discurso puede hablar de optimismo y no hablar de desahucios. Y es más, en hora y media no pronunció ninguna vez la palabra Bárcenas. Ahora recuerdo que en la trilogía de “El padrino” tampoco se pronuncia ninguna vez la palabra “mafia”.

Rubalcaba en su exposición pareció un poco más al tanto de la vida real, la que se da fuera de los círculos políticos. Enumeró lo que desde su partido consideran errores interesados de Rajoy en política económica, recordó a Rajoy el caso Gürtel y a Luis Bárcenas y le dijo que sus políticas sociales están llevando a mucha gente a la miseria. Pero falló en sus propuestas y en sus alternativas y además carga con la rémora de haber sido vicepresidente del gobierno con Zapatero y realizar ahora, cuando está en la oposición, propuestas que bien pudo haber llevado a cabo cuando estaba gobernando. Y de haber arrojado a una gran cantidad de sus votantes en brazos del PP como resultado de su anterior gestión. También da la sensación de que una parte del PSOE no cree en él como la persona indicada para volver a llevar a esa formación política a lo que un día fue.

Lo que nos queda a los ciudadanos tras el debate es la creencia de que vivimos en un país en vías de subdesarrollo en el que ni todos somos iguales ante la ley ni pagamos equitativamente. Nos queda la sensación de que la riqueza es producida por los agricultores, los marineros, los albañiles, los trabajadores sociales, los empleados sanitarios, los profesores universitarios, los maestros, los camareros, los jueces y abogados, los funcionarios, los artesanos y un largo etcétera de gente trabajadora para que se la repartan los miembros de la casta política y sus allegados, sólo interesados en mantener sus prerrogativas.

También nos queda la amarga sensación de que el Estado de Derecho es algo ya pasado y caduco que sólo pertenece a los libros de historia.

Respeto y credibilidad

Los ciudadanos vemos, oímos y sentimos lo que ocurre en nuestro país a través de los medios de comunicación. Ellos son nuestro sexto sentido. Gracias a su labor tenemos conocimiento de lo que hacen nuestros políticos. El gesto que les dedicó el otro día Luis Bárcenas en el aeropuerto a su regreso de Canadá no sólo iba dedicado a ellos, los periodistas, iba dirigido a todos los españoles. A los parados, a los desahuciados, a los estafados por las preferentes, a los profesionales de la sanidad pública, a los funcionarios criminalizados por los políticos, a los alumnos de la educación pública, a los profesionales de la justicia, en definitiva, a todos los españoles. Sólo le faltó la compañía de Andrea Fabra gritando a su lado ¡Que se jodan!

Pero ¿cual es el motivo para que Bárcenas se crea inmune? Quizás que Rajoy no se atreva ni a pronunciar su nombre. Porque desde que estalló la noticia nuestro presidente ha evitado hablar de él en sus comparecencias públicas. Se le llena la boca hablando de corrupción y de transparencia pero no lo nombra. E intenta hacernos creer que enseñar las declaraciones de la renta o realizar una auditoría interna de las cuentas del partido para demostrar la inexistencia de una segunda contabilidad son una prueba de diafanidad. De esa nitidez en todo lo que rodea a nuestros políticos que tanto ansiamos los españoles. También es posible que ese sentimiento de inmunidad se deba a que desde el Partido Popular se había dicho al pueblo que ya no estaba ligado al partido, o que ya no mantenía ninguna relación institucional con el PP, o que desde 2009 no es miembro del Partido Popular. Y resulta que tan alejado se encontraba de dicha formación política que hasta diciembre pasado estuvo percibiendo una cantidad mensual de esa organización. Eso es opacidad.

El gesto de Bárcenas es la imagen de la insolencia, la arrogancia y la prepotencia de la que han hecho y siguen haciendo gala muchos de los miembros del Partido Popular, como Carlos Fabra, el del aeropuerto para caminantes de Castellón, cuya colección de delitos fiscales había prescrito, que no es lo mismo que ser declarado inocente. Aunque este angelito sigue imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por el delito fiscal correspondiente al ejercicio 1999. Este es el hombre del que Mariano Rajoy dijo que era “un ciudadano ejemplar”. Este es otro de los que piensa en una España grande, libre y ciega que calle y agache la cabeza mientras ellos campan a sus anchas dejándola como un erial. Es tal el ejercicio de prepotencia y arrogancia, que a veces parece, gracias también a su medios afines, que el caso Gürtel y todo el tema de Bárcenas está ocurriendo fuera de España.

Viendo todo lo acontecido me viene a la mente otra pregunta ¿Qué sabe o qué guarda Bárcenas para sentirse intocable? Ese personaje que se permite el lujo de despreciar al país al que, presuntamente, ha robado. Ese sujeto que da la impresión de tener secuestrado al partido que ostenta el gobierno de la nación. Ese individuo que parece reírse de la democracia, de las leyes y de los ciudadanos españoles mientras se pasea por el mundo haciendo ostentación de riqueza. De una riqueza obtenida, supuestamente, de manera irregular.

Mientras leo sobre los viajes del imputado Bárcenas al extranjero y el gesto que, a su llegada de Canadá, dedicaba a los periodistas y, por extensión, a todos los españoles, me cruzo con la noticia de una mujer malagueña, María del Carmen Orellana Navarro, que será juzgada por una deuda con EMASA, empresa distribuidora de agua, de 3.504 euros. Esta mujer es madre soltera, analfabeta, con dos hijos a su cargo, en paro y sin ingresos. También me cruzo con la noticia del desahucio de una anciana octogenaria en A Coruña, Aurelia Rey, por impago de un mes de alquiler. Desahucio que ha sido evitado gracias a que los bomberos que habían sido enviados para abrir la puerta del inmueble se negaron a hacerlo. Esa es la otra realidad, la que sufren los ciudadanos.

Y nos viene otra pregunta a la mente ¿Podemos seguir creyendo en la política y en los políticos que manejan el país? No es sólo que no creamos, es que estamos perdiendo también la consideración que podríamos tenerles. Y el respeto y la credibilidad se ganan, y en este momento me parece bastante más respetable una rata.

¿Mentira o infracción legal?

En abril de 2010 Mariano Rajoy para agradecer la dimisión irrevocable de Luis Bárcenas como tesorero del partido declaró: “Lo ha hecho, porque así lo piensa, para defenderse mejor y servir mejor al partido" y "Y lo ha hecho después de que quede acreditado que no había trama de financiación irregular”. Tres años más tarde, cuando el diario “El Mundo” difundió la noticia de la cuenta en Suiza de Luis Bárcenas y el periódico “El País” sacó a relucir los supuestos pagos en negro a miembros de la cúpula del Partido Popular. La número dos del partido, María Dolores de Cospedal decía: “…tiene su vida propia y hace tiempo ya que no está ligado al Partido Popular”; Carlos Floriano, número tres de los populares declaraba: “El señor Bárcenas no tiene ya ninguna relación institucional con el partido”; el actual ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro se sumaba a la avalancha de declaraciones que intentaban negar cualquier tipo de relación del extesorero con el partido y decía: “El señor Bárcenas desde el año 2009 no es miembro del Partido Popular”; también el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, intentaba echar balones fuera y manifestaba: ”Los ciudadanos deben por tanto saber que el señor Bárcenas es responsable de sus actos, nada tiene que ver con mi partido”.

Pero ayer nos encontrábamos con una noticia difundida por el diario “El País” en la que se manifestaba que Luis Bárcenas siguió recibiendo mensualmente una cantidad del PP hasta finales de 2012. La difusión de esta información obligó al Partido Popular a emitir un comunicado en el que se decía : “El Partido Popular manifestó su decisión de no reintegrar al Sr. Bárcenas a su puesto de trabajo reconociendo en consecuencia, a los efectos de lo previsto en el artículo 56 de Estatuto de los Trabajadores, una indemnización por la resolución del contrato de trabajo” y “Ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonara en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el período de abono del citado finiquito” .

Hemos llegado al callejón sin salida en el que se han metido los responsables del Partido Popular. ¿Mintieron los dirigentes populares cuando decían que Bárcenas no tenía relación con dicha formación política desde hace años? La respuesta parece clara. Pero la cosa puede llegar a ser peor, el Partido Popular podría haber incumplido la ley si realmente hubiera pagado directamente las cotizaciones sociales de Luis Bárcenas desde 2010 hasta diciembre de 2012. Si, como dice el comunicado del PP, la relación laboral se extinguió en 2010 el partido no podía abonar las cotizaciones correspondientes a un asalariado que ya no forma parte de su plantilla. Si se hizo, lo fue de forma fraudulenta. Según el ministerio de Empleo y Seguridad Social “no puede haber ningún tipo de cotización social. Existen excepciones, pero no como norma general” los casos excepcionales a los que se refiere el ministerio son los convenios especiales y sólo se dan cuando existen prejubilaciones en el marco de un despido colectivo, siendo el trabajador el que lo firma y el que se debe hacer cargo del abono de las cotizaciones. Pero, curiosamente, el despido, si lo hubo, de Luis Bárcenas es individual. Tampoco el Partido Popular se ha acogido nunca a un ERE o despido colectivo. El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social recoge que tras un despido la empresa tiene que tramitar la baja del trabajador y sólo tiene que seguir pagando las cuotas si con posterioridad a la comunicación oficial continuase la relación laboral.

Y para terminar de estropearlo vuelve a aparecer Carlos Floriano para declarar: “Fíjese qué mayor ejercicio de no querer ocultar nada, que seguir estando dado de alta en la Seguridad Social, y pagando” en referencia al pago de cotizaciones del partido por Luis Bárcenas. No se da cuenta que está dando veracidad a los dos únicos casos posibles tras el comunicado oficial emitido por el partido: que Bárcenas siguió trabajando para el PP hasta diciembre de 2012 o que el Partido Popular infringió la Ley General de la Seguridad Social al seguir cotizando por el extesorero. Ninguna de las dos posibilidades deja en buen lugar al Partido Popular.