Sólo falta sacar la basura

Ana Botella, en unas declaraciones realizadas tras la finalización de la huelga de los trabajadores de limpieza decía: "A mí siempre me tratan de echar un pulso político". Nada más lejos de la realidad, los operarios de las tres empresas concesionarias no estaban en lucha por fastidiar a una mala política ególatra, aunque el resultado de su lucha haya tenido, además de impedir los despidos, la virtud de desprestigiar aún más, si cabe, a la señora alcaldesa. En ningún momento durante la duración de la huelga ha realizado declaraciones que pudieran herir a las empresas, a la vez que eludía hacer comentarios sobre las cifras de despidos que pretendían realizar y contestando cuando se le preguntaba por los trabajadores: “es un problema entre empresas y sindicatos” y  “el servicio está externalizado”. Para colmo ahora pretende limitar el derecho de huelga. Demostrando así para quien gobierna y lo que le importan sus ciudadanos. Aunque eso ya lo demostró el año pasado cuando desde el spa de Portugal pensaba en las víctimas del Madrid Arena.

En el inicio de todo el problema encontramos de nuevo el mal hacer de la alcaldesa que en el pliego de licitación impuso a las empresas una enorme rebaja en el precio del contrato. La respuesta a esta depreciación del servicio por parte de las empresas adjudicatarias fue intentar recortar del lado más débil, el de los trabajadores. Las concesionarias eran tres de las mayores constructoras del país, todas con beneficios multimillonarios a lo largo del año, y las medidas que querían aplicar a los obreros eran despiadadas e indecentes. 1.134 despidos para una plantilla de 6.000 empleados y rebajas salariales de hasta el 43% para unos trabajadores cuyos sueldos oscilan entre 500 y 1.300 euros mensuales.

Lo verdaderamente importante de esta huelga ha sido la sensación  de que sí se puede, de que no ha concluido con la derrota sin paliativos de los intereses de los trabajadores, aun teniendo en su contra la Reforma Laboral que el Gobierno regaló a la patronal. Y a pesar que desde el Ayuntamiento, y más concretamente desde el despacho de la alcaldesa, se intentó demonizar la huelga ante la opinión pública manifestando que iba contra los madrileños. Pero ante las brutales medidas que querían aplicar las concesionarias del servicio, los ciudadanos no dudaron en ponerse de parte de los trabajadores.

Hay que dar la enhorabuena a los huelguistas en su lucha contra tres gigantes que intentaban aprovechar las herramientas que este Gobierno les ha facilitado para cercenarles salarios, derechos y dignidad. El problema es que sólo se ha ganado una batalla, aún quedan muchas si queremos tener una educación de calidad, una sanidad pública de talla, que los dependientes tengan una vida digna, que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo,  y tantas otras cosas que hemos perdido desde que el PP accedió al gobierno de España.

La defensa del estado del bienestar, de la dignidad de los trabajadores, del presente de sus familias y el futuro de sus hijos no es una guerra de la gente de izquierdas. Es una batalla de todos, es la lucha de la honestidad, de la decencia y de la moralidad ante la indignidad de nuestros políticos.

Madrid ya se ha limpiado, ahora sólo falta sacar la basura de su ayuntamiento.

De wert en wert

Ayer, 12 de noviembre, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, emitió un comunicado en el que se decía: “Es absolutamente falso que ni el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ni ninguna autoridad del Ministerio hayan dicho en ningún momento que se fueran a recortar los fondos europeos para el programa Erasmus. Por lo tanto, las declaraciones por parte del portavoz de la Comisaria de Educación de la Comisión Europea basadas en esas premisas falsas, carecen del menor sentido. Tales afirmaciones jamás se han producido”.

Este es el desmentido del Ministerio, pero lo cierto es que un día antes su director de comunicación, a la finalización  de la Conferencia General de Política Universitaria, transmitió a los periodistas que el cambio que iba a llevar a cabo la Comisión Europea a partir del próximo curso sobre los criterios en el reparto de fondos para las becas de movilidad Erasmus reduciría a la mitad el dinero que ahora recibe España para este programa. También la consejera asturiana, Ana González, ha comentado que el ministro les había transmitido que el año que viene el programa "irá a peor" porque Bruselas iba a aprobar condiciones que perjudican a España.

Ayer, el portavoz de Educación de la UE, Dennis Abbot, dijo: “La declaración del ministro español sugiriendo que el presupuesto de Erasmus se recortará y que el número de estudiantes Erasmus en España se reducirá a la mitad por nuevos criterios de financiación de la UE es completamente falsa”. A la vez que calificaba las manifestaciones provenientes desde el ministerio como “That´s Rubibsh”, que se puede traducir como basura, disparate o sinsentido, y que en ámbitos políticos anglosajones se utiliza para señalar lo dicho por alguien carente de credibilidad y que ya no merece respeto en el ejercicio de su actividad política. También manifestó Abbot que el presupuesto europeo para Erasmus en España aumentará más del 4% en 2014, hasta un total de 124 millones de euros. Explicando después que a España le va muy bien con el nuevo reparto del presupuesto, ya que es el quinto país en  población de la UE y en 2014 recibirá la cuarta mayor dotación del programa Erasmus plus. El portavoz de Educación de la UE se ha extendido diciendo que si las autoridades españolas reducen sus contribuciones nacionales o regionales en el futuro, como ellos creen que puede ser la intención, es posible que el número de estudiantes españoles que participen en Erasmus caiga. Pero esa caída sería enteramente decisión de las autoridades españolas, y no de la Comisión.

Viendo lo ocurrido a nadie puede sorprender que las cosas en España vayan como van. Nos están convirtiendo en el hazmereír de Europa. Resulta penoso que  desde la Unión Europea califiquen de basura, por tergiversar la verdad, al ministro de Educación y el presidente del gobierno le mantenga en su puesto.

Claro que esto nos hace pensar en cuál puede ser el fondo de la cuestión. Y esta es que el ministro no actúa independientemente, ya lo ha dicho Rajoy: “es uno de los nuestros” y “es un ministro que está trabajando por cambiar nuestro modelo educativo en España” y la LOMCE no hace más que plasmar la ideología de un gobierno reaccionario y clasista, de un ejecutivo al que no interesa que el pueblo y los hijos de las clases más desfavorecidas accedan a la cultura, de un gobierno que intenta cargarse y degradar la educación pública y volver al modelo de educación elitista, católica y franquista.

Pero esta es la España que nos ha tocado vivir. Una España en la que algunos consideran que no hay engaño en la venta de preferentes y que ancianos sin apenas estudios sabían perfectamente lo que firmaban mientras la hija del Rey era totalmente ajena y desconocía los documentos en los que plasmaba su firma.

En algunas cosas sí son iguales

Desde que el Partido Popular ganara las elecciones allá por 2011, el PSOE intenta quitarse de encima el sanbenito  de que no hay diferencia entre populares y socialistas. Todos hemos escuchado o leído el ya famoso "PSOE-PP, la misma mierda es". Esa frase les hace tanto daño   que el propio  Alfredo Pérez Rubalcaba, en la en la Conferencia Política de este fin de semana, decía a los suyos "Tenemos que decirles que no somos iguales. Que no puede ser igual el que construye que el que destruye, el que edifica la sanidad pública que el que se la carga". Pero para los ciudadanos es difícil olvidar que los recortes empezaron con el último gobierno del PSOE que bajó el sueldo a los funcionarios, congeló pensiones y no se sentó a hablar de los desahucios hasta que estuvo en la oposición, porque como al PP sólo le interesaba salvar a los bancos. No en vano, según el Tribunal de Cuentas, los 214 millones de euros que las formaciones con representación en el Congreso de los Diputados debían a los bancos en 2007 se convirtieron un año después en 222 millones de euros, con un bajísimo tipo de interés, tan bajo que sólo 852.297 euros eran intereses.

Pero antes de que se apagaran los ecos de la Conferencia Política nos encontramos con la noticia de que PP y PSOE llegan a un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que me hace pensar que para algunas cosas sí que son iguales. Va a seguir creciendo la animadversión de los ciudadanos hacia los políticos y, por supuesto, no hablemos de recuperar la credibilidad porque con decisiones como esta es prácticamente imposible. Con este acuerdo muchos ciudadanos piensan que tanto PP como PSOE demuestran poco carácter democrático al seguir eligiendo el máximo órgano de los jueces.

Va a ser difícil que alguien crea en la nueva cúpula judicial siendo el reflejo de la clase política. Nadie va a creer en su independencia. Y es que un sistema democrático sin separación de poderes no se puede llamar democracia.

Viendo lo que los políticos están haciendo con nuestro país me viene a la memoria que Arturo Jauretche, en cierta ocasión, dijo: “Mientras en los países totalitarios el pueblo es un esclavo sin voz ni voto, en los "democráticos" es un paralítico con la ilusión de la libertad al que las pandillas financieras usurpan la voluntad hablando de sus mandatos”.

El PSOE y su Conferencia Política

En las altas esferas del PSOE viven ajenos a la realidad de la calle, reforzando el sentimiento popular de que forman parte de la denominada casta política y que sólo se preocupan de sus intereses y de facilitar su vida y la de sus allegados. Me parece increíble que no haya nadie en ese partido que sepa qué es lo que tienen que hacer para recuperar la confianza del pueblo y para devolverle la ilusión pérdida, esa que ellos, los políticos, se han encargado de destruir. Incluso se aliaron a sus adversarios del Partido Popular cuando se sintieron atacados por el juez Pedraz en su auto en el que archivaba la causa contra ocho imputados por promover las manifestaciones del 25-S y en el que hablaba de decadencia de la clase política. La reacción de nuestros políticos, entre los que se encuentran miembros destacados de los dos partidos mayoritarios, ante el auto es la de los verdaderos defensores de la patria, la justicia y la constitución. En el momento que una sentencia no les gusta, o no va con lo que esperaban, no sólo la critican, sino que además se permiten el lujo de insultar al juez responsable del auto, como hizo el señor Simancas.

A los votantes de ideales, que en numerosas ocasiones son más fieles que los de carnet, les trae sin cuidado que en la tan cacareada Conferencia Política vayan a debatir la financiación autonómica aun reconociendo su importancia. O que en sus propuestas económicas y fiscales sólo se hable de control de las SICAV  y no de los tipos impositivos que se les debe aplicar. En fin, siguen sin comprender lo que pide el grueso de la población o, sencillamente, no les interesa. De otro modo nadie se explica que en todas las encuestas de intención de voto el PSOE siga perdiendo adeptos ante el gobierno más represivo de la historia de la democracia y tras sufrir la derrota electoral más humillante que se recuerda.

Sigo manteniendo que ninguno de ellos ha salido de sus despachos para preguntar lo que  interesa a los ciudadanos, en caso contrario se podrían enterar que estos otorgarían su confianza al partido que en su programa lleve:

• Reforma de la Constitución en la que se refleje una total y real separación del ejecutivo y del poder judicial. Si los españoles elegimos por sufragio directo al poder Ejecutivo y Legislativo, ¿Por qué no podemos elegir al Poder Judicial?
• Desaparición de la figura del aforado. Los ciudadanos no podemos entender que un estado se pueda considerar democrático cuando permite que sus políticos puedan delinquir y no ser tratados por la justicia igual que cualquier otro ciudadano ni que España sea en estos momentos la democracia con mayor número de aforados del mundo.
• Una lucha verdadera, eficaz y sin perdón contra la corrupción. La mayoría de la población piensa que a los políticos les sale gratis ser corruptos. Después de cientos de causas judiciales abiertas, curiosamente, no conozco ningún caso en el que se haya devuelto el dinero sustraído o desviado de las arcas públicas. Muchos de los casos de corrupción cometidos en nuestro país quedan en el limbo, se pierden entre papeleo, prescriben o el retraso de la justicia hace que nos olvidemos de ellos. No se debe permitir que políticos corruptos después de que se descubra su implicación en algún caso de corrupción vuelvan a la actividad política como si nada hubiera pasado, dejando que el paso del tiempo limpie sus nombres. Quizás va siendo hora de dignificar la política y que sean los partidos quienes denuncien a sus dirigentes corruptos y no los arropen o protejan, llegando incluso a pagar con dinero del partido las minutas de sus abogados. Va siendo hora de que al político que gana tres veces seguidas la lotería lo investigue la policía, va siendo hora de que todos los políticos, y no solo los diputados, hagan público su patrimonio antes y después de dejar el cargo. Va siendo hora de que tengamos una clase política de calidad,  preparada, honrada y sacrificada. Con ganas de servir y con orgullo de pertenecer a un gran país, y no a una caricatura, que es lo que parecemos ahora.
• Reforma del Código Penal. Los españoles somos un pueblo solidario y queremos y debemos respetar los derechos humanos. Pero no deseamos que siga existiendo entre nosotros la sensación de que el malhechor tiene más derechos que la víctima. No queremos ser los damnificados de delincuentes que tienen cientos de detenciones y siguen en la calle campando a sus anchas. Tampoco queremos que salga barato delinquir ni que los responsables de delitos de sangre, pederastia y violaciones se favorezcan de beneficios penitenciarios. 
• Obligación de llegar a un Pacto de Estado para regular la Educación. Los ciudadanos estamos hartos de que cada vez que el gobierno de España cambia de signo, de tendencia o de ideología se modifique la ley de educación y, cuando no se promulga una nueva, se modifica la tendencia ideológica de algunas asignaturas. En Bruselas se dice que un país civilizado no puede tolerar un índice superior al 10% de fracaso escolar. Dicho índice en España es superior al 30%.
• Que se cumplan los acuerdos entre la Iglesia y el Estado (PSOE) alcanzados en 1987 en los que se acordaba mantener el actual sistema de financiación transitoriamente hasta 1990 para culminar, a partir de ese año en la autofinanciación de la Iglesia Católica.
• Eliminación del Senado. A los ciudadanos no nos vale con que ustedes en su Conferencia Política quieran llevárselo a Barcelona. Para nosotros sigue siendo trasladar un órgano vacío de contenido,  cementerio de elefantes y retiro dorado de políticos a los que se les pasó la hora.
• Que los bancos devuelvan el dinero público que se les ha inyectado para su salvación. Nunca ningún partido ha tomado durante la crisis alguna decisión que haya perjudicado a las entidades bancarias. De hecho el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 dio 30.000 millones de euros a la banca para sanear la economía y, tras tardar dos años en reconocer la existencia de la crisis, rebajó el 5% del sueldo de los funcionarios, anunció la congelación al año siguiente y congeló las pensiones para el 2011 salvo las mínimas y las no contributivas, subió el IRPF en 2010 y elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años.

En fin, hay muchísimas medidas que harían que ustedes recuperasen la confianza perdida o que la ciudadanía viese en ustedes una verdadera opción para cambiar esta situación. Ahora, de momento, sólo se tiene la percepción de que en su próxima Conferencia Política van a parchear algo que ya no tiene solución.

Imagínese

Imagínese que su pareja o cónyuge crea una fundación o instituto sin ánimo de lucro de la que usted forma parte del Consejo de Administración como vocal. Esta institución se dedica durante años, valiéndose de la importancia de su padre, a facturar a organismos oficiales eventos que no se producen y a percibir dinero público por estas facturas.

Imagínese ahora que su pareja es imputada por presunta prevaricación, malversación de fondos, fraude a la administración y evasión fiscal. Y que el juez que lo imputa sostiene que su cónyuge y su socio utilizaron empresas para "apoderarse" de los fondos que recibía el instituto, a la vez que crearon "un entramado societario" para desviar a través de él los fondos tanto públicos como privados que percibía el organismo, que llegaron a facturar entre 2002 y 2010 al menos 16,06 millones de euros.

Imagínese también que de ese entramado, las dos sociedades en la que su pareja tenía el 50% de participaciones habían facturado 4,9 millones de euros cada una. Y que en una de las dos usted se encuentra en posesión del otro 50%.

Imagínese que tras la imputación de su cónyuge, su padre realiza unas declaraciones en las que lo aparta de los actos de la familia arguyendo que su comportamiento no "parece" haber sido "ejemplar".  Y que meses después asegura que "la Justicia es igual para todos", aunque esta frase solo resulte verdadera si se refiere al concepto de ley y no a su aplicación a personas concretas, que en realidad es lo único que interesa al ciudadano.

Imagínese que el socio de su pareja en la organización sin ánimo de lucro saca a la luz un acta de una junta de dicha institución en la que aparece su firma y que contradice la declaración de su cónyuge ante el juez, en la que aseguraba que usted nunca asistió a una junta de la organización.

Imagínese también que el juez que lleva el caso de su pareja decide proceder también a su imputación en base a: trato privilegiado con la administración, tráfico de influencias, tenía en la junta directiva de la institución el mismo conocimiento que todos los demás, que tenía cuentas comunes con su cónyuge en las que se realizaron ingresos provenientes de la organización de la que ambos eran miembros y a que su pareja le pidiera consejos para emitir comunicados de dicha institución.

Imagínese que dicha imputación es anulada a petición del fiscal porque entre otras cosas considera que aunque usted tuviese autorización para operar en esa cuenta “no implica conocimiento por su parte de las supuestas operaciones en que interviene su cónyuge”. Alegando además que por encima de todo un juez tiene que observar “el principio de igualdad ante la ley”, que no se ha respetado en cuanto “la imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos supone, cuando menos un trato discriminatorio”. Habiendo aludido el juez en el auto de imputación al principio de igualdad para decir todo lo contrario.

Imagínese que meses después se conoce que usted participaba directamente en la contratación del falso personal para la empresa que compartía con su pareja. Este personal formaba parte del mantenimiento y cuidado de la casa familiar, no obstante, estaban registrados como administrativos de la sociedad citada.

Imagínese también que usted posee una tarjeta bancaria en la que son abonados una relación de gastos entre los que destaca el pago de material escolar, el peaje de autopistas, restaurantes o ropa infantil de una exclusiva marca francesa, y que todos hayan sido cargado en la cuenta de la sociedad de la que tanto su pareja como usted poseen el 50%.

Imagínese que usted intenta hacer creer a Hacienda que había alquilado el palacio donde vive con su pareja a la sociedad citada anteriormente para dar la apariencia de existencia de un contrato de alquiler y obtener beneficios fiscales por ello.

Imagínese también que usted y su cónyuge cargan a través de la empresa de la que son propietarios al 50%, la adquisición y montaje de muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal valoradas en 139.000 euros.

Ahora imagínese que es usted infanta de España e intente adivinar también qué trato le dará la justicia