La utilización del lazo rosa

Día diecinueve de octubre de dos mil trece. Se levantó, se afeitó, se duchó y se vistió con la ropa que preparó la noche anterior. Se tomó un café y, antes de salir de casa, se puso en la solapa de la chaqueta un lazo rosa. Tenía que ser consecuente con los jóvenes de su partido, que en twitter habían colocado en su avatar, bajo sus siglas, la siguiente leyenda “#sumatealrosa”.

El párrafo anterior podría ser parte de la rutina diaria de un político o de de un militante convencido del Partido Popular. Uno de esos que da su apoyo incondicional y no ve mal que la Comunidad de Madrid haya tenido congelado el programa de detección precoz del cáncer de mama durante más de siete meses, entre febrero y septiembre, lo que ha provocado que no se realizaran mamografías preventivas a unas 30.000 mujeres, aun sabiendo  que la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este tipo de cáncer. Probablemente también sea de los que apoya ciegamente esa nueva medida del gobierno que entrará en vigor el próximo uno de enero, que no es otra que el nuevo copago farmacéutico hospitalario. Esta medida afectará especialmente a las pacientes con cáncer de mama aun sin estar ingresadas cuando se les dispensen en sus tratamientos ciertos fármacos desde las farmacias hospitalarias ya que entre esas medicinas figuran dos de los medicamentos más avanzados para retrasar la progresión del cáncer de mama (Afinitor y Tyverb) y las quimioterapias orales. Pero las enfermas de cáncer de mama también se van a enfrentar en breve a otro copago, el de los traslados no urgentes en ambulancia, que según el borrador sobre el que trabaja sanidad supondrá para cada paciente entre los 10 y los 60 euros mensuales.

Cualquier enfermo merece la mejor atención tanto de los profesionales de la Salud como de sus administradores pero cuando se pone precio a la vida como están haciendo nuestros gobernantes, que pervierten la sanidad mientras con el dinero de todos la derivan hacia las manos de las empresas privadas, demuestran ser seres sin humanidad, sensibilidad ni escrúpulos que además son capaces de privar de fondos a la investigación contra el cáncer mientras destinan más dinero público para declarar los toros bien de interés cultural.

Por eso me parece vergonzoso que sigan defendiendo sus políticas sanitarias, que se vanaglorien en público de defender la vida y sientan tan poco respeto por los que luchan contra esta enfermedad, teniendo el descaro de hablar de la importancia de la prevención y de utilizar el lazo rosa  con fines políticos.

Quizás habría que hacerles ver que la desatención voluntaria de los enfermos también podría ser una forma de genocidio.

¡Que se jodan! ..... otra vez

Si buscamos en el diccionario de la RAE el término obsceno encontramos la siguiente definición: “Impúdico, torpe, ofensivo al pudor”. Tras las últimas  declaraciones de Soraya Saenz de Santamaría el significado de obsceno debería ser “estigmatizar y criminalizar a los parados”, al asegurar que "medio millón de personas cobran fraudulentamente la prestación por desempleo", y explicar que este fraude consiste en que estas personas, siempre según la vicepresidenta del gobierno, "cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente y trabajan en B". Cuando las cifras oficiales del propio Ministerio de Empleo indican que se detectaron “a 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente”.

Me viene a la memoria que la RAE define mentira como “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”, e intentando recordar en estos casi dos años de gobierno del Partido Popular me vienen muchas a la mente, incluso antes de gobernar, como cuando Esteban González Pons prometió a los cinco millones de parados españoles de entonces que si votaban al PP tres millones y medio de ellos encontrarían un puesto de trabajo en esta Legislatura. O cuando Mariano Rajoy decía:”La subida del IVA es un disparate”. O cuando María Dolores de Cospedal soltó este esperpento sobre el despido de Bárcenas: "La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución". En fin tantas y tantas mentiras en dos años que hacen que su estrategia funcione, que no es otra que nos acostumbremos a ellas y continuemos con nuestra vida sin armar mucho jaleo.

Pero volviendo a la vicepresidenta, habrá que recordarle que el 72% del fraude fiscal es cometido por las rentas más altas pero para ellas su gobierno se saca de la chistera amnistías fiscales y exenciones de impuestos. Tampoco hay ceremonias de humillación, estigmatización y criminalización públicas como para los parados. Pero claro, hablamos de otro mundo. El suyo no está ni estará nunca del lado de los parados, de los dependientes, de los enfermos, de los pobres, de los moribundos, de los desahuciados. Por eso, antes, los culpables de todo fuimos todos los españoles  por vivir por encima de nuestras posibilidades, como también lo fueron todos los funcionarios por ser unos vagos, como también lo fueron todos los enfermos por usar medicamentos indebidamente. Pero, curiosamente, ninguno de los culpables que ellos han ido señalando y criminalizando desde que ganaron las elecciones aparece en los papeles de Bárcenas. Su mundo es el de los ricos, el de la clase política, el de los colegios y universidades de pago, el de la sanidad privada, el de la misa con mantilla y las corridas de toros.

 

Viendo todo esto me pregunto si Soraya Saenz de Santamaría cuando hizo esas manifestaciones también se refería a la bancada socialista, como su compañera de partido, Andrea Fabra, cuando intentó justificar que tras el anuncio de Rajoy de los recortes en las prestaciones por desempleo gritara en el congreso ¡Que se jodan! tras aplaudir la medida acaloradamente.

Educación y religión otra vez

Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha advertido al gobierno que la LOMCE debe ofertar religión en todas las etapas, incluido el Bachillerato, tal y como establecen los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que tiene rango de ley pero que, curiosamente, contradice a la Constitución de 1978. También dice que es ilegal no garantizar la impartición de religión en el Bachillerato. No aclara Martínez Camino que el artículo segundo de los acuerdos con la Santa Sede habla de planes educativos ya derogados o inexistentes, ya que el citado artículo dice literalmente: “Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.”

Como el secretario general de la Conferencia Episcopal Española habla de ilegalidades y de los acuerdos de la Santa Sede con el Estado español habría que pedirle o rogarle que se preocupe fervientemente que se cumpla también el alcanzado en 1987 en el que se acordaba mantener el actual sistema de financiación transitoriamente hasta 1990 para culminar, a partir de ese año en la autofinanciación de la Iglesia Católica. Ese también es un acuerdo entre dos estados y tiene rango de ley. Pero ese no interesa que se cumpla.

Me gustaría recordarle a Juan Antonio Martínez Camino que quizás no sea ilegal que una persona no tenga trabajo, pero es una vergüenza para el estado. Quizás tampoco sea contrario a la ley que niños, adultos y ancianos pasen hambre, pero es una indecencia. Quizás tampoco sea ilegítimo negar la asistencia a los dependientes, pero es una aberración. Quizás tampoco sea irregular que nuestros políticos nos roben y vivan a cuerpo de rey mientras piden austeridad al resto de la población, pero es una obscenidad. Quizás tampoco sea ilegítimo que los enfermos crónicos deban “copagar” sus tratamientos hospitalarios, pero es una inmoralidad. ¿Dónde estaba la Conferencia Episcopal para alzar la voz contra todo esto?

Creo que ustedes se vuelven a equivocar, parece ser que no han caído en la cuenta de que lo único que han conseguido tras décadas de adoctrinamiento es que haya aumentado el número de ateos y agnósticos más que en cualquier otro país europeo.

También habría que recordar al secretario general de la Conferencia Episcopal Española que el derecho que puedan tener los padres a educar a sus hijos en las enseñanzas religiosas no debe proporcionárselo el Estado con dinero público ya que se lo garantiza con la libertad religiosa proclamada en la Constitución para que las distintas confesiones, no sólo la suya,  presentes en nuestro país puedan impartir sus creencias.