La ley Sinde, ¿española o estadounidense?

Hoy comienza su andadura la denominada Ley Sinde, que regula contenidos y descargas en internet. Una imposición de Estados Unidos al gobierno español, en un principio al del PSOE y ahora al del PP.

Si en política económica, nuestros gobernantes hincan la rodilla ante las órdenes, que no directrices, de Alemania y Francia, con una subida de impuestos equivalente al régimen fiscal de Suecia pero con uno de los salarios mínimos, ahora congelado, más bajos de la Unión Europea. En materia de protección intelectual se siguen las órdenes provenientes de Washington. Igual que el gobierno de Estados Unidos sigue las directrices de las grandes distribuidoras de contenidos audiovisuales.

Según los cables remitidos por la embajada estadounidense a su gobierno, esta historia viene de lejos.

Ya en 2007 la Embajada no estaba contenta con nuestra regulación en materia de protección intelectual. Así que programa un plan a varios años vista, que requerirá la atención especial de la embajada y de otras agencias gubernamentales en Washington. El plan consiste en presiones a todos los niveles. El objetivo es que el Gobierno apruebe primero una ley para avisar a los usuarios que están descargando contenidos con copyright y, posteriormente, apruebe la legislación para cortar el acceso. Tienen en cuenta las elecciones de 2008: antes de ellas el gobierno no tendrá margen de maniobra, y tras ellas creen que sólo hay un periodo de un año para la aprobación de medidas impopulares.

En los telegramas, publicados en su día por el diario “El País”, la  embajada estadounidense en Madrid muestra su disconformidad con, entre otras, los siguientes puntos:

• La interpretación que los jueces españoles hacen de las leyes en los casos que han llegado a los juzgados es contraria a los intereses estadounidenses. Por lo que en los cables la Embajada muestra su frustración con el poder judicial español.
• La circular emitida en 2006 por la Fiscalía General del Estado, especificando que el intercambio de obras vía P2P, y sin ánimo de lucro, no es delito.
• La Embajada aboga por la supresión del canon digital, citando la voluntad del PP en el mismo sentido.

 También se habla en dichos cables de que en nuestro país existe una muy escasa oferta para descargas legales.

Ya en 2008 se incluye a España en el informe 301, bajo la sugerencia de la Embajada en Madrid. Este informe es una lista de vigilancia de los países con más descargas de contenidos con copyright, confeccionada por la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), que incluye a la Business Software Alliance (BSA), la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Recording Industry Association of America (RIAA).

Obama toma posesión de sus funciones como 44º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2009, y a partir de ese momento la presión sobre el gobierno español será cada vez más fuerte, ante un ejecutivo que pierde credibilidad y fuerza a marchas forzadas en su enfrentamiento con la crisis.

El despacho de la Embajada de Madrid del 6 de octubre de 2009 relata la reunión con la Cámara de Comercio Americana de Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria. Ros les informaba que el gobierno anunciaría una serie de medidas contra las descargas en poco tiempo. Estas consisten en  regular sólo la persecución de páginas webs de enlaces, y una moratoria de un año para los usuarios particulares, que ya pagaban un canon digital en cualquier aparato electrónico que compraban, que eliminaba la presunción de inocencia y que quizás legitimaba sus descargas.

Del contenido de los siguientes despachos de la Embajada queda bastante claro que la Ley Sinde es un acuerdo entre la Coalición de Contenidos, Redtel y los ministerios de Cultura e Industria, quienes han acordado una vía administrativa para bloquear los sitios web. En estos despachos, la única voz discordante es la de Francisco Ros que se opone a la vía administrativa, y que es relevado de la Secretaría de Estado en junio de 2010.

 

Una vez eliminada la voz discordante todo se precipita y el gobierno, de nuevo arrodillado a los requerimientos de Estados Unidos, desarrolla la Ley Sinde que permite el cierre de una página web en sólo cuatro días por la vía administrativa. Una ley que habilita al gobierno a perseguir, censurar y cerrar todo aquello de Internet que no gusta al poder. Una ley que el nuevo Gobierno del Partido Popular ha hecho prácticamente suya tal y como era, ya que viene de perlas al talante mostrado con el resto de temas salidos hasta el momento del Ejecutivo, léase recortes salariales y reforma laboral.

¿Se cerrarán también páginas que los tribunales españoles ya han declarado legales?

Lo que no sabemos aún es si en el tema de los presupuestos tirará más Angela Merkel o el ánimo del Partido Popular de gobernar por primera vez en Andalucía. Mientras esperamos,  la economía española se desangra.