La reforma de la Ley del Aborto
del PP, propuesta por Gallardón, era una vuelta a los confesionarios y a la
quema de brujas, y a los viajes a Londres para que los más pudientes que salen
a la calle a gritar en contra del aborto salvaguardaran el honor de sus hijas
si cometían un desliz. Aunque hay que reconocerle al exministro que ha sido
coherente al utilizar el último gesto de dignidad que le quedaba para dimitir. También
hay que admitir que durante su mandato como ministro ha conseguido otro hito
histórico, poner de a acuerdo a los jueces denominados progresistas y a los
conservadores en las críticas a la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial o a la Ley de Tasas.
Pero si Gallardón dijo que el
anteproyecto de la reforma de la Ley fue un encargo, y este documento fue
aprobado en el Consejo de Ministros habría que preguntarse si es un fracaso de
él solo o de alguien más y debería salir acompañado.
Claro que para salir acompañado
no es necesario involucrar a los miembros del gobierno en el anteproyecto de la
Ley del Aborto, basta con tirar de hemeroteca para ver dónde está o ha quedado
la dignidad de los compañeros de gabinete y de partido del ya exministro.
Recuerdo que tras la noticia de
las cuentas de Bárcenas, publicada por “El país”, María Dolores de Cospedal,
Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de Castilla-La Mancha, comunidad
en la que aparecían unos recibí firmados por 200.000 euros que nunca entraron
en la contabilidad oficial del partido presentada en el Tribunal de Cuentas,
decía: “…tiene su vida propia y hace
tiempo ya que no está ligado al Partido Popular”; Carlos Floriano, Vicesecretario
general de Organización del PP, declaraba: “El
señor Bárcenas no tiene ya ninguna relación institucional con el partido”;
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones públicas, manifestaba:
“El señor Bárcenas desde el año 2009 no
es miembro del Partido Popular”; Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP
en el Congreso, proclamaba: ”Los
ciudadanos deben por tanto saber que el señor Bárcenas es responsable de sus
actos, nada tiene que ver con mi partido”. En febrero se supo que el “presunto delincuente” siguió
percibiendo una cantidad mensual del Partido Popular hasta finales de 2012. De
nuevo María Dolores de Cospedal tuvo que salir a responder preguntas y dio a
luz el mayor desvarío en derecho laboral oído en muchos años cuando dijo
aquello de "La indemnización que se
pactó fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación,
simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una
retribución". Luis Bárcenas demandó al PP por despido improcedente,
demostrando que estuvo en alta en Seguridad Social hasta el 31 de enero y, por
consiguiente, como trabajador del Partido Popular. Incluso después se supo que Mariano
Rajoy, presidente del Gobierno, mandó un SMS a Luis Bárcenas diciéndole que
fuese fuerte. El mismo presidente que cuando estalló el caso de los sobres
realizó aquellas declaraciones propias de algún humorista de lo absurdo en las
que decía: “Todo lo que se refiere a mí y
a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo alguna cosa que es lo que han
publicado algunos medios de comunicación”.
¿Dónde está la dignidad de todos
estos personajes? ¿Perdida en algún sobre?
Entiendo que, por ejemplo, la de
Ana Mato se quedó en la guantera del Jaguar que un día apareció en su garaje o
se le cayó en alguna de las atracciones de Disney World en el viaje pagado por
la trama Gürtel o que la de Cospedal esté a buen recaudo en algún paraiso fiscal cuando afirmó: “Si alguien del PP tuviera cuentas en Suiza
yo debería dimitir”.
En cualquier país civilizado dimitir
de un cargo público es una opción normal
y no extraordinaria, incluso por una sencilla multa de tráfico. En España no, aquí
si la policía multa al político de turno la reacción correcta debe ser darse a
la fuga pasando por encima de la motocicleta del policía y comenzar una “tournée” por los medios de comunicación
ofreciendo versiones contradictorias.
La verdad es que me da pena Gallardón porque se va al
paro sin prestación por desempleo, con un hijo presuntamente delincuente. Pero
siempre le quedará la esperanza de formar parte del consejo asesor de una
eléctrica o de un banco para que pueda pagar un buen abogado a ese hijo.
