Hoy nos despertamos con varias
noticias y entre ellas, oculta tras la negativa del parlamento chipriota a las
condiciones del rescate impuesta por Europa, veo una que me llama poderosamente
la atención en la que se dice que el Partido Popular se niega a entregar sus
cuentas a la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz emitió un auto el pasado
viernes día 15 en el que daba al PP un plazo improrrogable de cinco días para
la presentación de sus cuentas desde 1990.
Según el artículo, los abogados
del partido van a argumentar ante la Audiencia Nacional que sólo tienen
obligación de guardar la documentación de los últimos cinco años, tiempo en el
que prescriben los delitos fiscales. Pero este es el segundo incumplimiento del
Partido Popular ante la justicia, ya que el once de marzo el juez Gómez
Bermúdez, solicitó la relación de donaciones desde 2002 hasta 2009 en un plazo
de siete días. Y este también ha vencido.
Al parecer esta es la manera de
ver la transparencia de la que hacen gala sus dirigentes cuando dicen “somos un partido transparente”.
Probablemente si algún partido minoritario o con implantación en alguna
comunidad autónoma donde el Partido Popular no haya accedido nunca al gobierno
se negase a entregar sus cuentas a una petición de un juez, el PP pediría
inmediatamente la ilegalización de esos partidos por menospreciar a las
instituciones, a la democracia y a la justicia de este país. Seguro que a los
dirigentes populares se les llenaría la boca pidiendo un registro judicial de
las sedes y que fuesen precintadas después para evitar la destrucción de pruebas. Ellos
deben creer que esa parte de la justicia es aplicable sólo a súbditos y
siervos. Para ellos, que son incompatibles con la corrupción, quizás baste con
un sencillo acto de contrición y arrepentimiento.
Pero buceando en internet se
encuentran muchas cosas, algunas hacen que lo que unos esgrimen como verdades
irrefutables se conviertan en grandes mentiras. Eso le ha pasado hace menos de
un mes al PP con el despido de Luis Bárcenas. Y le está volviendo a pasar con
este caso porque he leído en la red que las entidades bancarias mantienen los
movimientos contables de los depósitos más de quince años atrás y basta una
orden judicial para que el banco los aporte en un procedimiento.
Y mientras el Partido Popular
intenta escurrir el bulto en el tema de la supuesta financiación ilegal,
nuestro gobierno anuncia que no concederá las subvenciones anuales destinadas a
las actividades de la donación y trasplantes de órganos a aquellas Comunidades
Autónomas que incumplan el déficit y el techo de gasto. Vuelven a cargar contra
los más débiles y los indefensos.
Todo esto me recuerda algunas películas
del cine negro americano en la que alguna organización criminal ponía a trabajar
a sus caros abogados para escabullirse de la justicia mientras se amenazaba a
algún “protegido” con remitirle la
oreja de uno de sus vástagos si no pagaba. Que cada cual piense quien es quien
en esta historia.