Sabiendo que la justicia en este
país no parece ser igual para todos, creo que el juez Castro ha sido honesto y valiente
con la citación como imputada a Cristina de Borbón.
La argumentación esgrimida y
exhibida por el juez hace que sintamos vergüenza al tener que argumentar la
imputación con 227 folios, tantos como para presentar una novela al premio
Planeta. Probablemente hubiese bastado con un sencillo párrafo en una
diligencia para cualquier otra persona de sangre no real.
Considero un insulto a la
inteligencia de los ciudadanos argumentar, como pretendían el fiscal y el
defensor de la infanta, que el papel de Cristina en la sociedad Aizoón era el
de un simple jarrón decorativo. Y resulta, al menos, chocante que una persona Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad
Complutense, con un master en Relaciones Internacionales de la Universidad de
Nueva York, embajadora de Buena voluntad de la ONU, que ha ocupado desde 2005
hasta 2013 el cargo Directora del Área Social de la Caixa y que ha sido
encargada por la Fundación La Caixa desde 2013 para coordinar sus programas con
agencias de la ONU, se limite a firmar y mirar hacia otro lado. De hecho se
conocía por la prensa que Cristina de
Borbón cargaba a Aizoón gastos como viajes de vacaciones, comuniones, ajuar
para el hogar, muebles, libros infantiles, comidas o, como figura en la página
136 del Auto de imputación, "un
curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar".
También, siempre según testimonios directos, participó en la contratación de
empleados del hogar familiar del matrimonio como trabajadores de Aizoon S.L.
Lo que resulta totalmente
repugnante en una sociedad que se hace llamar democrática es el que un juez tenga que argumentar su rechazo
a "poner especial cuidado"
a la hora de imputar a personalidades públicas o institucionales. Al igual que
lo es que los propios estamentos jurídicos y políticos aparezcan como
obstáculos que deba salvar el juez Castro para que Cristina de Borbón acuda a
declarar como imputada. Pero hay algo a favor del Magistrado. Primero la
indignación del pueblo que mira y espera la actuación del fiscal, que ya actuó
como defensor de oficio. Y segundo que el mundo entero está pendiente de la
imputación de la infanta, y tengo la impresión de que sólo la presión popular puede
hacer posible que la esposa florero llegue a juicio. Quizás lo más conveniente
para la monarquía y para el sistema sea que acuda a declarar. Ya buscarán más
adelante la forma para que salga de rositas. Si no la salva la Audiencia Provincial
de Palma, lo hará el Fiscal Anticorrupción o cualquier otra instancia superior.
Y claro, como último recurso siempre les quedará el indulto. Pero mientras
tanto tienen que hacer que parezca que la democracia funciona. Esto no es más
que una manera de contener la indignación y la rabia del pueblo. Incluso a los
delincuentes de postín, los que se codean con los políticos y suelen ser
beneficiarios de sus indultos, les interesa que parezca que el sistema funciona
equitativamente.
Ansío y deseo que este caso,
termine como termine, sea el detonante para que el pueblo se harte de tanta
corrupción, de tanta impunidad y de tanto abuso y comience a exigir un cambio en
el modo de gestionar y, como consecuencia, un cambio a un modelo democrático no
sólo de nombre.