¿Reforma educativa o manual de futuros votantes?

El pasado 23 de mayo decíamos en este blog: “Los ciudadanos de a pie estamos hartos de que cada vez que el gobierno de España cambia de signo, de tendencia o de ideología se modifica la ley de educación y, cuando no se promulga una nueva ley, se modifica la tendencia ideológica de algunas asignaturas…”. Pues bien, el Partido Popular ya aprobó el anteproyecto de la que va a ser la séptima ley educativa de la democracia. En ese mismo artículo también se decía: “Para que podamos considerarnos un gran país tenemos que empezar a trabajar por tener una mejor educación y nuestros gobernantes deben hacer todo lo posible por llegar a un pacto de Estado que siente las bases de un gran sistema educativo que debería fundamentarse en la cultura, la ética y los principios o la naturaleza de la vida y del hombre, dejando cualquier signo ideológico fuera del debate educativo”. Una vez que me voy adentrando  en el contenido de ese anteproyecto, me parece que lo reflejado en él me recuerda algo. De modo que comienzo a investigar dónde he podido escuchar alguno de los términos que se utilizan en el texto o alguna de sus ideas fundamentales. Empiezo por ojear un poco la historia de los planes educativos en España llegando a la etapa dura del franquismo cuando, de pronto, me encuentro con la palabra “reválida”. Creo que acabo de encontrar la ley educativa que ha podido ser la inspiración de José Ignacio Wert. En el plan de estudios de 1953, del ministro Ruiz-Giménez, el Bachillerato se dividía en dos partes, Bachillerato Elemental (cuatro cursos entre los 10 y 14 años, denominados 1º, 2º, 3º y 4º) y Bachillerato Superior (dos cursos, 15 y 16 años, llamados 5º y 6º), ambos con un examen final de reválida (reválida de Cuarto y reválida de Sexto), que se hacía en un centro oficial, normalmente en un Instituto dependiente del entonces Ministerio de Educación y Ciencia.

Creo que la reforma educativa que se nos viene encima debe ser una “inwertcilidad” o, al menos, será cualquier cosa menos educativa. Se elimina cualquier materia que permita educar en la convivencia, el respeto y la reflexión. Quizás porque no es conveniente que los alumnos aprendan a debatir, que hagan suyas conductas que les convierta en ciudadanos tolerantes, que comprendan que se puede respetar a personas que no piensan como nosotros, o que defienden su derecho a ser diferentes, o, simplemente, que defienden la igualdad entre los sexos. Para evitar esto se suprimen Educación para la Ciudadanía y Ética. También pienso que viene con una gran carga de adoctrinamiento ya que se elimina o se proscribe la ciencia contemporánea, probablemente para que los alumnos no sepan donde y como nació la democracia. Y es que la cultura clásica nos enseña muchas cosas, y no solo artísticas. Entre ellas el origen de la democracia, el derecho romano, el pensamiento filosófico, el alma y el corazón de la ética. Por lo que llevamos viendo en estos diez meses de gobierno, cosas de las que carecen o no han oído hablar los miembros de nuestro ejecutivo. A cambio se mantiene la impartición de la religión católica en las aulas. Con lo que seguiremos con la catequesis estatal gratuita.  En un estado laico el adoctrinamiento religioso debe guardarse para las iglesias, mezquitas o sinagogas, y no como sucede en nuestro país, en el que se legisla para la impartición de la religión en los centros educativos enfocándolo solamente a una doctrina, como ocurre en los estados totalitarios. Quizás lo que se pretende con esta reforma sea implantar sesgos cognitivos y destruir la capacidad crítica de los futuros votantes. Todo estará bien hecho por la gracia de Dios.

Pero no todo va a ser negativo. Probablemente cuando esta reforma empiece a dar sus primeros frutos se acabará con la fuga de cerebros porque no existirá nadie formado a un nivel lo suficientemente elevado para que sea deseado por otros países de nuestro entorno..

Ahora toca acabar con la tutela judicial efectiva

El gobierno de Mariano Rajoy se prepara para aprobar el proyecto de ley sobre tasas judiciales, un nuevo paso atrás en nuestro sistema democrático. El texto pretende la implantación de unas altas tasas judiciales como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. De  dichas tasas sólo estarán exentos quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales, computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar. Se cercena así la posibilidad de tutela judicial efectiva en perjuicio de los más débiles económicamente. De hecho estos costes implicarán que muchos desistan de promover un pleito, aún teniendo motivos para sostenerlo. Se consigue de este modo alcanzar una premisa fundamental de los estados totalitarios “La justicia es para el que pueda pagársela”.

Nuestra Constitución de 1978 dice en su artículo 24 apartado 1:” Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Lo grave es que se priva del derecho constitucional sólo a la mayoritaria clase media y no a los económicamente poderosos, ni al propio Estado como parte en un juicio. O sea, indefensión y desigualdad de partes y, como de costumbre, siempre en perjuicio del más débil. Y es que el hecho de poder ir a juicio evita muchos abusos antes de que lleguen a cometerse. Pero a partir de la aprobación del proyecto la ciudadanía se encontrara prácticamente indefensa ante las prácticas abusivas. Para una cuantía pequeña no merecerá la pena demandar, la tasa en vía civil serían 150€ más el 0.5% de la cantidad, por lo que habrá casos en que costará más interponer una demanda que la cantidad por la que se litiga. Para cuantías medianas y grandes resultará inasumible demandar para personas con un nivel de ingresos medio. A las empresas apenas les afectará ya que desgravan los gastos judiciales.

En cuanto a las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas, este proyecto de ley de tasas judiciales que, indudablemente, va a aprobar el Partido Popular, no sólo tiene afán recaudatorio, sino también conseguirá que las administraciones, las entidades y corporaciones campen a sus anchas, porque no merecerá la pena litigar cuando las tasas sean superiores o iguales a las cantidades a reclamar. Es decir, el abuso está servido y el enriquecimiento injusto también, con el consiguiente empobrecimiento indebido de la clase media.

Este proyecto de ley es lo que el Partido Popular ha ideado para descongestionar los juzgados, es decir han aplicado a rajatabla el refrán “muerto el perro, se acabó la rabia”. Si se entorpece el acceso a la justicia a la numerosa clase media se reducirán los retrasos en los procedimientos y el aparato judicial quedará reservado a los poderosos.

Personalmente, veo en este proyecto un nuevo atentado contra la ciudadanía que es la que mantiene este caduco modelo de estado. Un sistema en el que, a base de recortes en derechos fundamentales como la educación, la sanidad o la tutela judicial efectiva, se intenta reducir el déficit del estado para, una vez conseguido, volver a hacer lo mismo. Crear algún método para financiar las actividades de los partidos y de los políticos para que estos sigan sobreviviendo mientras, por el camino, van sembrando de pobres y parados el territorio del estado. Un país en el que se legisla para entorpecer el acceso a la justicia a las víctimas de los abusos de las administraciones y los poderosos.

Creo que los españoles merecemos mejores políticos y gobernantes, los actuales han convertido España en una caricatura.

"Coge una silla y siéntate en el suelo"

Si hay alguien en este gobierno que cumple a la perfección el perfil requerido por el Partido Popular para medrar en los ejecutivos de los distintos territorios en los que gobiernan, ese es José Ignacio Wert. Si, objetivamente, aumenta el número de alumnos y disminuye el número de profesores, creo que quien diga lo contrario está mintiendo. Y José Ignacio Wert, nuestro ministro de educación, ha declarado en la mañana del quince de octubre, en una entrevista concedida a Onda Cero, que lo que se ha hecho no es aumentar la cifra de alumnos por clase sino  "flexibilizarla en un 20%". Y eso a pesar de que en el decreto publicado en abril, en el que se incluían medidas para el ahorro en educación, una de ellas era  aumentar el margen legal de estudiantes por aula, pasando en primaria de 27 a 30 alumnos por clase, y de 30 a 36 en educación secundaria obligatoria. En la misma entrevista, el eufemístico ministro, ha dicho que "no es cierto que se hayan disminuido las becas" cuando la estadística del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes reconoce que el dinero destinado a becas ha descendido en 185 millones de euros y que medio millón de alumnos van a dejar de cobrar las ayudas para la adquisición de libros de texto.

Creo que necesito que alguien me explique el verdadero significado de las palabras mentira y mentiroso. Hasta ahora yo tenía entendido que una mentira es aquella expresión contraria a lo que se sabe, se cree o piensa. También se considera mentira a la tergiversación de algún hecho o expresión. La finalidad de la mentira suele oscilar entre varias razones, como evitar un reproche, una sanción, hacer algún daño, obtener algún tipo de beneficio o bien la estima de alguien, para ocultar alguna realidad dolorosa que no se quiera dar a conocer, para evitarle a alguien un sufrimiento, por hábito, etc. También creo recordar que a la persona que miente se la conoce popularmente como mentiroso.

A mí me da la impresión de que nuestro ministro de educación actúa como los niños repelentes que creen estar siempre en posesión de la verdad y tratan a los demás como tontos. Y si para algo es sabio este pueblo es para los dichos y refranes populares, y hay uno que dice: “no hay más tonto que aquel que cree tontos a los demás”.

Y todo esto lo dice José Ignacio Wert para atacar a la  Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA) por su decisión de convocar una huelga junto con el sindicato de estudiantes el próximo 18 de octubre. Sólo por alinearse junto a los estudiantes y protestar por los recortes Wert considera la decisión de acudir a la huelga de la CEAPA de estar "inspirada en supuestos de la extrema izquierda radical y antisistema", lo que traducido a términos no peperianos significa que están en descuerdo con el PP, pero a alguien habrá que criminalizar. Creso que a esta huelga nos deberíamos sumar todos los padres ya que se lucha por una educación pública y de calidad, que no es precisamente la que nos ofrece el Partido Popular, que ha reducido los Presupuestos Generales para la educación pública en 2012 y 2013 en un 21 y 14%, respectivamente. Y a los que les debe importar un bledo cualquier educación que no pase por ser privada y elitista, porque para la de todos ya en este curso se han comenzado a concretar los recortes con el despido de cerca de 50.000 docentes en toda España, la extinción de becas de comedor y libros, la masificación de las aulas, la creación de nuevas matrículas para Formación Profesional e incrementos en las tasas universitarias.

Creo que, al ritmo que llevamos, el Partido Popular va a conseguir que en los colegios públicos algún maestro tenga que decir a los alumnos nuevos: "coge una silla y siéntate en el suelo"

Pinocho for President

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un mitin celebrado en la Plaza de toros de Pontevedra para dar su apoyo al candidato del PP a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que va a “seguir diciendo la verdad a todos los españoles”. Pues bien, vamos a comprobar algunas de las verdades que ha dicho Mariano.

Durante el gobierno de ZP, en 2010, Mariano dijo: “Nosotros no vamos a apoyar la amnistía fiscal porque los que pagan van a pagar más, y los que no pagan, se les va a perdonar lo que no han pagado”. Pero una vez llegados al gobierno ya no era necesario fingir más y el treinta de marzo de este mismo año Montoro anunció la amnistía fiscal. Pero claro, como viene siendo habitual en este gobierno, intentando hacer uso de un eufemismo para no decir directamente lo que van a hacer. De esta manera el ministro de Hacienda anunció el “establecimiento de un gravamen especial del 10 % para las rentas no declaradas tanto de personas físicas como jurídicas que sean regularizadas”.

El veintiocho de mayo nuestro presidente del gobierno decía: “no habrá rescate a la banca”. Sólo nueve días después, el seis de junio, España solicitaba ayuda financiera a la zona euro para rescatar a sus bancos y el Eurogrupo le concedía un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero español. Mientras sus ciudadanos malviven desconociendo, en su gran mayoría, que este rescate no lo van a pagar los bancos rescatados si no ellos a través de recortes e impuestos.

En septiembre de 2011 Mariano Rajoy decía: “Quiero dejarlo muy claro para que nadie se llame a engaño. Nos vamos a oponer a cualquier subida de impuestos. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión y darle un vuelta de tuerca más a la maltrecha economía de las familias y las empresas”. Pasados los meses el Partido Popular ha realizado la segunda mayor subida de impuestos de la historia de España.

En cuanto al cumplimiento del programa electoral, Rajoy le decía a Rubalcaba en el debate electoral: “Yo no soy como usted. (…) Le subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa (…) Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago”. Sí he entendido bien, lo que no lleva en su programa electoral, no lo hace. Entonces deberíamos preguntarnos de quién es el programa electoral con el que está gobernando o quién es el desalmado que se lo ha cambiado.

En el mismo debate Mariano Rajoy decía: “No pienso dar ni un solo euro de dinero público a la banca”, en mayo este discurso se convirtió en: “Si fuera necesario para salvar el sistema financiero español, no renunciaría a inyectar dinero público”. Y es que aunque las verdades le estallen en la nariz, el discurso está bien aprendido, como marcado a fuego en la cabeza de cada dirigente del Partido Popular, lo primero siempre será defender al partido, aunque las decisiones que tomen sean indefendibles.

En enero de este mismo año Rajoy aseguraba que los militantes del Partito Popular que ostentan cargos públicos tendrían que dimitir y se les abriría un expediente disciplinario si eran imputados en cualquier procedimiento judicial. Meses después nos enteramos de que sólo en la Asamblea de la Comunidad Valenciana existen diez diputados del PP imputados, y que la reacción del partido ha sido que salgan de la dirección del grupo en las cortes pero siguen manteniendo el escaño y su condición de aforados.

Para colmo de toda la sarta de mentiras en la que nos mantienten, la vicepresidenta del gobierno, el ministro de justicia, el de interior y una decena de altos cargos policiales y del partido popular coincidieron en enero de este año con el marido de Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Aguilar Viyuela, pese a que la justicia española lo da en “ignorado paradero”. País de locos.

Ha habido en estos meses muchas más mentiras, tantas que este artículo se haría interminable. Tantas que a veces me pregunto ¿Qué legitimidad puede tener un político que ha llegado al poder con promesas que nunca va a cumplir? Recuerdo que Abraham Lincoln dijo que "se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Y eso es lo que parece que están intentando hacer.

Los políticos y el juez Pedraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa contra ocho imputados por promover las manifestaciones del 25-S porque los hechos no eran constitutivos de ningún delito. En el auto el magistrado recoge que “de lo actuado no puede decirse que los hechos sean constitutivos de delito, ni siquiera de los previstos en el Código Penal contra las Instituciones del Estado”. En el mismo auto aclaraba que aunque a los ocho detenidos se les imputaba un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a “los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”, el magistrado había revisado el diario de sesiones del Congreso de los Diputados para comprobar si se alteró el orden del pleno el pasado día 25, recogiendo sobre este punto en el auto que “en el acta no consta alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión”. “La larga sesión se desarrolló normalmente. Por tanto, el delito no pudo cometerse”. Pero lo que realmente no ha sentado bien a la clase política son las dos siguientes referencias del auto: en el primero dice que “Exigir un proceso de destitución  y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura v del Estado o abolición de la actual Constitución ... en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión”, pero sobretodo lo recogido en la siguiente justificación del auto cuando dice que “No cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

Políticos de diversas formaciones ha salido a la palestra porque se ven atacados por el juez Pedraz, entre ellos el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que ha llamado al juez "pijo ácrata", ha calificado de "lamentable" el auto de Pedraz, a la vez que le hace responsable de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional. También el secretario de Formación del PSOE y portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Congreso, Rafael Simancas, ha llamado al magistrado “lenguaraz” a la vez que ha comentado sobre la alusión a la decadencia de los políticos si "¿Habrán quitado los espejos en los juzgados?". 

Queda demostrado, como decíamos en este blog el pasado 31 de mayo, que esto ya no va de derechas e izquierdas, va de políticos contra el pueblo. Es a ellos a los únicos que les interesa la alternancia en el poder para enriquecerse mientras hacen que sus seguidores sigan participando en el juego de fachas y progresistas. Hace mucho que desvirtuaron nuestra democracia, que la han convertido en una oligarquía, y desde entonces esto va de corruptos y chorizos contra el pueblo, mientras este sestea. Y cuando intenta desperezarse le atizan con todo lo que tienen y se alinean todos contra el pueblo.

La reacción de nuestros políticos ante el auto del juez Pedraz, es la reacción de los verdaderos defensores de la patria, la justicia y la constitución. En el momento que una sentencia no les gusta, o no va con lo que ellos esperaban, no solo la critican, sino que además se permiten el lujo de insultar al juez responsable del auto. Y, para colmo, quedan impunes.

Lo peor de todo es que pronto veremos como desde el poder político se intentará, primero, desacreditar a este juez, para después intentar imputarlo, juzgarlo e inhabilitarlo.

Desde aquí me pregunto ¿Esto es democracia, es respeto a la justicia, es acatamiento de una resolución judicial conforme a derecho, es separación de poderes, es honestidad? Pero me da miedo conocer la respuesta.