La moral, las leyes y su aplicación

El artículo 433 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, dice que "la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior". Es decir, según el artículo 432 apartado 2: “Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.”

Viendo esto es lógico que el común de los ciudadanos de este país, que no entendemos de la aplicación de la legislación vigente, nos preguntemos ¿Por qué los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no aprecian delito en la actuación del señor Divar? Y es que el pleno de la sala de lo penal ha considerado por mayoría que los hechos no revisten caracteres de delito. Once magistrados han respaldado este criterio, mientras que cuatro han anunciado la presentación de un voto particular. Ni todos los progresistas (son siete) han votado en contra.

Yo, que vuelvo a repetir que no entiendo de leyes, creo que si los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ven delito en los actos del señor Divar, puede que estos estén dentro de la legalidad y acordes con la "moral" del Supremo. Pero para mí no es ético, ni ejemplarizante. Es más, creo que hay ocasiones en las que lo ético debería estar por encima de lo legal o, como mínimo, habría que ajustar la legalidad a la moral. Creo que si el afectado no fuese quien es, alguien habría calificado ya los actos del presidente del Consejo General del Poder Judicial de impúdicos y vergonzantes.

Si en época del dictador, este decía que España era la reserva espiritual de occidente, creo que los que ahora se consideran élite nos están convirtiendo en el retrete de Europa y el estercolero de Occidente.