¿Había algo que celebrar?

Ayer se celebró en España el día de la Constitución. Ayer se cumplieron treinta y cuatro años del día en que los españoles, que venían de un régimen dictatorial de cuarenta años, ratificaron en referéndum el texto de la Constitución que habría de convertirse en la base del nuevo régimen democrático que desde entonces se iba a aplicar en España. Se trataba de salir de un estado de derechas para entrar en uno de derechos. Treinta y cuatro años después nos damos cuenta que aquí los únicos que tienen todos los derechos son los bancos, los políticos y la clase pudiente.

Creo sinceramente que la Constitución constituyó la herramienta básica para la transición hacia un sistema democrático. El problema es que dicha transición se llevó a cabo bajo la atenta mirada y la velada amenaza del estamento militar. Era una Constitución para salir del paso, para los años setenta, para pasar a una democracia corriendo un tupido velo sobre los cuarenta años anteriores, es decir, sin víctimas ni culpables. De hecho nos imponía como Jefe del Estado al sucesor designado por el dictador. Un “heredero” que en 1969 y 1975 juró guardar y hacer guardar los principios del “glorioso movimiento nacional”. Era una Constitución que proclamaba que el estado era aconfesional pero que en su artículo 16 reconocía el papel privilegiado de la iglesia católica frente a otras confesiones.

Ahora, después de treinta y cuatro años, hay muchos españoles que pensamos que todo fue un espejismo. Que arriba siguen los mismos. Que los poderosos siguen siendo los de antes. Que los banqueros carroñeros siguen prevaleciendo sobre las personas. Que la iglesia católica sigue teniendo los mismos privilegios de los que gozaba con el dictador. Y a todos estos hay que sumar una nueva clase social, los políticos, que se alinean junto a banqueros y poderosos. Esa nueva clase que usa el texto constitucional a su antojo o que, al menos, busca la manera de sortearlo para llegar a sus objetivos.

Creo firmemente que es necesaria una reforma a fondo de la Constitución que, primero, incluya en los derechos fundamentales de todos los españoles el régimen público de Seguridad Social y el derecho a una vivienda digna. Es decir que se incluyan en la parte del texto en la que los artículos son de directa aplicación. 

Según el texto constitucional España es un estado democrático y social de derecho. Pues bien, el actual gobierno del Partido Popular, quizás por ideologías trasnochadas o quizás para dar respuesta a intereses monetarios que son los que priman para los políticos españoles, se está encargando de demoler las bases de ese estado social de derecho, como son los derechos sanitarios, laborales, educativos, etc., sin que los ciudadanos podamos acudir a la Constitución para parar esta sangría.

Sigo pensando que la Constitución se nos ha vuelto, con el paso de los años, la hija bastarda del franquismo ya que, en base a ella,  el Gobierno actual está legislando de manera que utiliza el desarrollo legislativo que la Constitución prevé en muchos casos para ir fulminando los Derechos y Libertades que debieran ser su base, acabando de manera encubierta con el Estado de Bienestar, el Estado Social y el Estado Democrático.

Tras treinta y cuatro años de constitución y viendo como la utilizan los políticos empieza a tomar sentido en mi mente la frase que, según algunos, dijo el dictador en su lecho de muerte “Lo dejo todo atado y bien atado”