Los políticos españoles y las ILP

Si preguntásemos en la calle que es una ILP, probablemente la gran mayoría de los encuestados desconocería que se trata de la principal herramienta que reconoce la Constitución a los ciudadanos de este país para pedir a las Cortes cambios en las leyes.  La iniciativa legislativa popular quizás sea tan desconocida para los españoles debido a que el Congreso ha hecho oídos sordos a las sesenta y seis que se han presentado, hasta el final de la IX legislatura, desde 1983, año en que se presentó la primera. Es decir, que todas las propuestas legislativas presentadas en el Congreso a través de este medio han sido rechazadas. La última de ellas se presentó en junio y era una proposición de ley sobre la eliminación de las prebendas de la clase política cesada. No llegó a debatirse en la Mesa del Congreso porque ni siquiera fue admitida a trámite, alegando que para esos temas sólo tienen potestad reglamentaria las propias cámaras. En fin, “yo me lo guiso, yo me lo como”.

Con la iniciativa de proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias que fue presentada en 1997 se produjo la única excepción ya que parte de la propuesta fue recogida en la reforma de ley de propiedad horizontal de 1999.

Pero no podemos esperar otra cosa de un país donde los impuestos se malgastan en ipads para parlamentarios olvidadizos, en pagar viajes en clase Business, en indemnizaciones por residencia en Madrid para congresistas con casa en la capital, en viajes innecesarios, como el caso de aquella comisión del Congreso que pidió permiso para que sesenta diputados viajasen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano, en comidas de “trabajo” para las que no existe un límite legal de gasto, en informes encargados a dedo por valor inferior a 12.000 euros por no estar sometidos a concurso público como el informe encargado por la Generalitat de Catalunya titulado  “Análisis del grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa” que costó 11.872 euros, en aeropuertos fantasmas y en autopistas de peaje sin automóviles, en pagar multas de vehículos oficiales, en salvar bancos que enriquecieron a sus accionistas con la burbuja inmobiliaria y que llevan cerca de un millón de desahucios, en fin, en tantas y tantas acciones injustificables que aun no entiendo como la mayoría este pueblo sigue creyendo en sus políticos y continúa acudiendo a las urnas cada cuatro años. Como tampoco es de extrañar que los beneficiarios de esa sangría desmedida de las arcas del Estado intenten proteger ese status.

Esta forma de actuar de nuestros políticos me recuerda a la famosa frase “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, con la que en historia se identifica al Despotismo Ilustrado. Pero quizás el caso que nuestros políticos hacen a los ciudadanos se identifica más con la frase originaria “Tout pour le peuple, rien par le peuple” y su traducción literal “todo para el pueblo, nada por el pueblo”.

Hay un sector de la población que, ante las conductas de nuestros políticos, mantiene que la solución es no ir a votar. De hecho, en las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre, sobre un total 34.952.313 de censados con derecho a voto, 9.710.775 (28,31%) decidieron no acudir a las urnas. Si a estos les sumamos  los 333.095 votos en blanco, el total de abstenciones arroja la suma de 10.043.870 electores que decidieron no otorgar su confianza a ninguna formación política, un muy considerable 28,73% de los electores frente al 30,98% con el que el Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en uno de sus mejores resultados de la historia.  Pero a ellos no les importa la abstención. Aunque hubiese una abstención del 80%, todo seguiría prácticamente igual y los escaños se ocuparían en su totalidad, por tanto si no votas, indirectamente estás avalando el sistema. Mientras la abstención, el voto nulo o el blanco no computen la triste realidad es esa, que el pueblo no tiene ningún poder y sólo es utilizado cada cuatro años para dar legitimidad a todo el entramado.

Creo que está bastante claro que lo que la casta política llama "democracia" no es más que una estafa a los ciudadanos que, lamentablemente, seguimos pensando que hay dos Españas y que los míos pueden robar siempre y cuando roben menos que los otros. Debemos tomar conciencia que está en nuestras manos cambiarlo y tener una verdadera democracia, como los países del primer mundo, y dejar atrás rencores añejos que solo sirven para que ellos nos enfrenten, se rían de nosotros y sigan adelante con todos sus beneficios y prebendas a costa de nuestro sudor, nuestra sangre, nuestras ilusiones y nuestras esperanzas.

Hay muchos que creemos que durante las campañas electorales nuestros políticos nos muestran el dedo pulgar y, una vez elegidos, el dedo corazón.