Transporte sanitario

Ana Mato, ministra de sanidad, vive. Llevaba meses desaparecida y nadie había oído hablar de ella pero, desgraciadamente, ha vuelto a dar señales de vida para amargar la misma a los más necesitados, los enfermos. Y es que el ministerio de sanidad va a imponer el pago por los traslados en ambulancia para tratamientos no urgentes. A partir de ahora todos los pacientes, pensionistas incluidos, tendrán que pagar cada vez que sean trasladados en ambulancia para recibir tratamientos no urgentes.  Tienen esta consideración de tratamientos no urgentes los enfermos crónicos, oncológicos y los pacientes de hemodiálisis. También habrá que pagar el traslado del Hospital a casa después de recibir el alta clínica o en urgencias, aunque el médico considere necesaria la ambulancia.

Considero que esta medida constituye una nueva aberración en la ya larga lista de las cometidas por nuestro gobierno, pero esta vez dirigida a un sector de la población, quizás más indefenso por circunstancias sobrevenidas y no deseadas, ese tramo de ciudadanos que lleva toda su vida pagando Seguridad Social. Esa gente que ahora necesita transporte para acudir a quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, hemodiálisis y multitud de tratamientos que se administran, en ocasiones, a muchos kilómetros del domicilio del enfermo y cuyos traslados no son urgentes. Esa gente que durante toda su vida ha sido solidaria y ha pagado sus impuestos para mantener las prestaciones sociales que ofrecía el Estado del Bienestar, ese que el PP está demoliendo desde sus cimientos, entendiéndose por estos, justicia, sanidad y educación. Esa gente que lleva el corazón en un puño cuando va camino del centro médico, donde se les debe administrar el tratamiento, porque no saben en qué condiciones van a salir de allí y que a la vuelta a sus casas van prácticamente desechos. Esa gente a los que los señores del PP les añaden también la preocupación de tener que volver a abonar el medio de transporte que ya han pagado a lo largo de su vida. Esa gente que ve como sus impuestos se utilizan para salvar de la quiebra las Cajas de Ahorro gestionadas por los políticos mientras se suprimen prestaciones sociales que debieran ser el primer destino de esos tributos.

Pero según nuestro gobierno no hay dinero para nada y sólo hace tres días aprobaron un reglamento por el que los diputados que viajen al extranjero lo harán siempre en clase preferente, es decir, para ellos si hay dinero. Nuestros congresistas siguen teniendo una tarjeta para desplazamientos en taxis de 3000 euros, y esos trayectos tampoco tienen la consideración de urgentes pero, ya sabemos, donde hay clases no se puede pretender que todos seamos iguales.

Esta crisis nos ha situado ante una situación excepcional que necesita que nuestros dirigentes tomen medidas excepcionales, pero estas medidas deben tomarse de arriba hacia abajo, nunca al contrario. Pero en este país, al que muchos en internet ya conocen como Españistán, se legisla maltratando a las clases más desfavorecidas, haciéndolas más pobres y llevándolas, en muchas ocasiones, a la miseria. Quizás ante esta medida habría que preguntar a nuestros gobernantes qué es para ellos una urgencia. ¿Un dolor, un desmayo, una mutilación? ¿O quizás debería ser gratuita sólo cuando hay pérdida de la propia vida? ¿O cuánto cobrarán por retirar los cadáveres que aparezcan en las viviendas de enfermos no pudientes?

Nuestro gobierno parece ignorar que, en situaciones como la que estamos viviendo, la historia nos ha demostrado que el poder del pueblo acaba por imponerse, que cuando se exprime y se desprecia a la población de la manera que ellos lo están haciendo termina por generarse una convulsión social que acaba generalmente por poner a los gobernantes en su sitio, algunas veces de forma no cruenta. Yo ya llevo meses preguntándome dónde se encuentran escondidos los cinco millones de parados, los nueve millones de pensionistas, los doce de mileuristas o los dos de funcionarios; o cuánto están esperando para salir de sus casas. Porque todos juntos en la calle, aun pacíficamente, constituimos una fuerza al que ningún gobierno se puede oponer y al que ningún grupo de políticuchos puede parar.

Sólo queda decir que para las próximas elecciones los expertos sanitarios advierten que votar al PP perjudica seriamente a la salud.