Hace cuatro años, en 2011, antes
de acceder al gobierno de la nación, el Partido Popular solicitaba al ejecutivo
de entonces que la Ley de Dependencia tuviera financiación suficiente y que
llegara a todos los dependientes. En su programa electoral, que es más una
relación de promesas incumplidas, constaba literalmente: “Simplificaremos el proceso de acceso con el objeto de que no se
produzcan retrasos” y, curiosamente, este párrafo no sale en la web www.cumpplimos como tampoco se recogen las
afirmaciones realizadas en campaña por sus dirigentes en las que manifestaban
que la dependencia era sagrada, no iban a recortar en ella y era intocable.
Tras cuatro años de gobierno la realidad ha hecho que la situación cambie un
poco para el PP aunque ellos siguen creyendo que cumplen con sus promesas sobre
dependencia.
En 2015 la objetividad sobrepasa
las mentiras que se puedan verter desde la calle Génova o desde Moncloa. Según un
informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales para una
primera evaluación sobre la implantación de la ley tras la incorporación de los
beneficiarios moderados desde el pasado uno de julio, el 37% de los
dependientes están a la espera de obtener prestaciones o servicios a los que
tienen derecho. A día de hoy existen 445.000 dependientes en lista de espera. Y
la Asociación de Gerentes denuncia que desde que gobierna el Partido Popular el
presupuesto destinado a dependencia en las autonomías se ha recortado en 1.400
millones de euros.
Pero lo que pocos saben, o ha
pasado inadvertido a muchos, es que en España hay un dependiente que no ha
tenido que asistir a ninguna oficina de Servicios Sociales, que no ha tenido
que presentar ningún tipo de documentación ni ha tenido que ser visitado por
ningún técnico para obtener el grado de dependencia. Tampoco ha tenido que
solicitar una prestación o un servicio de acompañamiento porque se lo han
saltado.
Los presidentes del Gobierno y
sus familias disponen de un servicio sanitario a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado, que también se encarga del cuidado de la salud de los
altos cargos de Moncloa e incluso de los mandatarios extranjeros en visita
oficial. Las funciones de este equipo son estrictamente médicas y, entre ellas,
no está el acompañamiento o la prestación asistencial.
Pero resulta que Mariano Rajoy, presidente
del Gobierno, carga a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del
cuidado y acompañamiento de su padre, cifrados en 5.000 euros mensuales, una
tarea de la que se ocupan dos sanitarios eventuales que se reparten los
cuidados en turnos. Nunca, hasta la llegada de Mariano Rajoy, el presupuesto de
Presidencia del Gobierno se había hecho cargo también del gasto que supone la
atención personal permanente a personas dependientes. Precisamente porque no es
ninguna de las funciones asignadas al servicio sanitario de Moncloa.
Ellos se creen mejores y por
encima de la ley. Realmente no sé cómo tienen la desfachatez de hablar de
logros en Dependencia cuando 101.070 dependientes, aproximadamente, han
fallecido aguardando una ayuda que ya tenían concedida. Pero como decía se
sienten superiores y acreedores de unos derechos a los que el resto no podemos
o no nos dejan acceder.
De todo esto podemos extraer una
consecuencia, o sencillamente una observación objetiva, que con este gobierno la ley de
Dependencia funciona dependiendo de la persona de la que se trate.
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