Hace meses descubrí una noticia
en la prensa que decía que el marido de Mónica Oriol, la presidenta del Círculo
de Empresarios, estaba finalizando la edificación de una enorme vivienda en uno
de los varios cotos de caza que posee la familia. Esta vivienda está dentro del
Parque Nacional de Cabañeros. En el lugar ya existía una casa, pero las obras
la han transformado en una mansión cuyas dimensiones se pueden imaginar por las quince
chimeneas que presentaba la edificación y por la utilización de grúas en un
espacio protegido. La ley de creación del Parque Nacional de Cabañeros
establece que está prohibida "la construcción o remodelación de edificios
u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen
de los supuestos contemplados en la presente Ley".
También hace unos meses por la
prensa supe que Ecologistas en Acción habían denunciado que Marcos de Quinto
Romero, Presidente de Coca-Cola para España y Portugal, estaba levantando una
residencia junto a algunas de las formaciones de roca arenisca más valiosas de
la “ciudad encantada” conocida como los “Rodenales del Cabriel”, en el término
municipal de Pajaroncillo (Serranía de Cuenca). Es un área que inició los
trámites para la declaración de la figura de Monumento Natural en 2004. También
leí que la obra carecía de calificación urbanística por estar construida en
suelo rústico. Tampoco tiene autorización por parte de la comisión provincial
de patrimonio, a pesar de llevarse a cabo en un importante yacimiento
arqueológico de la edad del bronce.
Nadie ha sabido más de esas
noticias y, probablemente, esos señores hayan disfrutado parte de sus
vacaciones veraniegas en esas construcciones.
Ayer leí una noticia parecida en
la prensa. Josefa Hernández, la abuela que decidió no demoler su casa,
construida en un terreno de su propiedad, en un parque natural de Betancuria
(Fuerteventura), ha entrado en prisión este lunes para cumplir una condena de
seis meses por no derribar su vivienda.
Pero lamentablemente esta noticia
sólo provocará en algunos un sentimiento personal de lástima por el ingreso en la
cárcel de una abuela que se niega a acatar una sentencia judicial, la
demolición de su vivienda, porque no tiene otra alternativa ni otro techo donde
cobijar a sus nietos. Vivimos en un país que se ha acostumbrado a agachar la
cabeza y a mirarse los pies y así no puede haber solución. En un estado donde venimos
sufriendo actitudes judiciales con muchos personajes que no pasarían por un
tamiz de igualdad. Incluso hemos visto a un fiscal enfrentarse a un juez
ejerciendo de defensor cuando su trabajo era fundamentar una acusación que para
cualquier ciudadano, sin conocimientos de derecho, hubiese resultado facilísimo.
¿Realmente alguien cree que con
el caso de esta señora se está ejemplarizando o se está intentando hacer que la
justicia sea mejor vista por la ciudadanía? En nuestra legislación y en el 99%
de los casos en los que las condenas son inferiores a dos años y el penado
carece de antecedentes no se ingresa en prisión.
Quizás habría que hacerse otra
pregunta ¿Cuándo se obligará a la demolición del chalet de la presidenta del PP
en Lanzarote, Astrid Pérez, con orden de derribo por construcción en suelo
rústico, publicada en el Boletin Oficial de Canarias de fecha 15 de Enero de
2013?
La respuesta es sencilla: la presidenta del Partido
Popular en Lanzarote no es la abuela Josefa.
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