Ahora toca acabar con la tutela judicial efectiva

El gobierno de Mariano Rajoy se prepara para aprobar el proyecto de ley sobre tasas judiciales, un nuevo paso atrás en nuestro sistema democrático. El texto pretende la implantación de unas altas tasas judiciales como requisito para acceder a los tribunales en todas las jurisdicciones excepto la penal. De  dichas tasas sólo estarán exentos quienes tengan ingresos inferiores a 12.780€ anuales, computando no solo los del propio interesado sino los de su unidad familiar. Se cercena así la posibilidad de tutela judicial efectiva en perjuicio de los más débiles económicamente. De hecho estos costes implicarán que muchos desistan de promover un pleito, aún teniendo motivos para sostenerlo. Se consigue de este modo alcanzar una premisa fundamental de los estados totalitarios “La justicia es para el que pueda pagársela”.

Nuestra Constitución de 1978 dice en su artículo 24 apartado 1:” Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Lo grave es que se priva del derecho constitucional sólo a la mayoritaria clase media y no a los económicamente poderosos, ni al propio Estado como parte en un juicio. O sea, indefensión y desigualdad de partes y, como de costumbre, siempre en perjuicio del más débil. Y es que el hecho de poder ir a juicio evita muchos abusos antes de que lleguen a cometerse. Pero a partir de la aprobación del proyecto la ciudadanía se encontrara prácticamente indefensa ante las prácticas abusivas. Para una cuantía pequeña no merecerá la pena demandar, la tasa en vía civil serían 150€ más el 0.5% de la cantidad, por lo que habrá casos en que costará más interponer una demanda que la cantidad por la que se litiga. Para cuantías medianas y grandes resultará inasumible demandar para personas con un nivel de ingresos medio. A las empresas apenas les afectará ya que desgravan los gastos judiciales.

En cuanto a las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas, este proyecto de ley de tasas judiciales que, indudablemente, va a aprobar el Partido Popular, no sólo tiene afán recaudatorio, sino también conseguirá que las administraciones, las entidades y corporaciones campen a sus anchas, porque no merecerá la pena litigar cuando las tasas sean superiores o iguales a las cantidades a reclamar. Es decir, el abuso está servido y el enriquecimiento injusto también, con el consiguiente empobrecimiento indebido de la clase media.

Este proyecto de ley es lo que el Partido Popular ha ideado para descongestionar los juzgados, es decir han aplicado a rajatabla el refrán “muerto el perro, se acabó la rabia”. Si se entorpece el acceso a la justicia a la numerosa clase media se reducirán los retrasos en los procedimientos y el aparato judicial quedará reservado a los poderosos.

Personalmente, veo en este proyecto un nuevo atentado contra la ciudadanía que es la que mantiene este caduco modelo de estado. Un sistema en el que, a base de recortes en derechos fundamentales como la educación, la sanidad o la tutela judicial efectiva, se intenta reducir el déficit del estado para, una vez conseguido, volver a hacer lo mismo. Crear algún método para financiar las actividades de los partidos y de los políticos para que estos sigan sobreviviendo mientras, por el camino, van sembrando de pobres y parados el territorio del estado. Un país en el que se legisla para entorpecer el acceso a la justicia a las víctimas de los abusos de las administraciones y los poderosos.

Creo que los españoles merecemos mejores políticos y gobernantes, los actuales han convertido España en una caricatura.